El Gobierno cumplirá con el compromiso de déficit público del 9,3% del PIB en 2010, que incluso puede ser una décima menor, gracias a la reducción del saldo negativo estatal, que se situó en el 5,1% y que compensará el mayor registro deficitario de las comunidades autónomas. El déficit del Estado, ocho décimas menor de lo previsto por el Ejecutivo, se situó en 2010 en 53.444 millones de euros y se redujo cerca del 46% respecto a 2009, cuando sumó 99.785 millones, lo que además supone 4,2 puntos menos del PIB.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, destacó, en rueda de prensa, que este déficit del 5,1% es menor del 5,9% previsto si se incluye el efecto de las liquidaciones de las administraciones territoriales, y 1,6 puntos inferior al 6,7% estimado al no contemplar dichas devoluciones.
Colchón
Salgado, aseguró que esta disminución del déficit estatal en 8.000 millones de euros supone un «colchón» que cubrirá «potenciales desviaciones en alguna otra administración». En este sentido, dijo, tras apagar su micrófono, que tenía «la impresión» de que el déficit del conjunto de las administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y Seguridad Social) se situará en el 9,2% en 2010, una décima inferior a lo pronosticado por el Ejecutivo. Antes de facilitar este dato aseveró que el Ejecutivo cumplirá «con un margen más que suficiente y con holgura» el objetivo de déficit público del 9,3% del PIB para 2010.
Explicó que la reducción del déficit estatal se debió fundamentalmente al aumento del 46% de los ingresos procedentes del IVA, así como a los provenientes por las medidas de consolidación fiscal.
Así, este déficit fue resultado de unos ingresos no financieros del Estado por valor de 127.338 millones de euros (descontada la parte correspondiente a las administraciones territoriales), en torno al 5% más, frente a unos gastos de unos 175.513 millones de euros, el 2,1% menos que en 2009. Esta evolución positiva se debió al comportamiento de los ingresos vía impuestos, que en términos globales, antes de la cesión a las entidades territoriales, crecieron un 10,9 % frente al 8,1 % previsto inicialmente.