El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, aseguró ayer que la Fiscalía perseguirá a los 'acosadores viales' y, cuando su conducta sea delictiva, considerará su actitud como «conducción temeraria», un delito castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión. Como 'acoso vial', la Fiscalía entiende aquellas circunstancias en que un conductor se coloca «pegado» al que circula delante, adelanta con gestos hostiles sin dejar distancia de seguridad o presiona a otro para que acelere.
Además, utilizar inhibidores de radar o trucar el tacógrafo podrá ser una causa objetiva para decomisar un vehículo a su propietario cuando entre en vigor la reforma del Código Penal, el 3 de diciembre.
'Tuning'
Asimismo, un fiscal podrá pedir la retirada del vehículo por reincidencia, la gravedad de la pena o la manipulación que altere las condiciones para la circulación o lo que se ha venido en llamar 'vehículos tuneados'.
Así, serán motivos para que un fiscal pida la retirada del vehículo la reincidencia, la gravedad de la pena, las manipulaciones que alteren las condiciones legalmente prescritas para la circulación, la utilización de tacógrafos manipulados, de mecanismos como los inhibidores de radares u ocultar la matrícula.
Por el contrario, Vargas aseguró que se tendrá en cuenta otro tipo de criterios «subjetivos», «tan importantes o más que los otros», para no decomisar el vehículo, como la situación económica y personal del penado y la necesidad que tenga el infractor del mismo para desempeñar su trabajo.
De hecho, Vargas apuntó que en algunos casos esta medida podrá ser considera «sustitutiva de la prisión», que es «lo último que un fiscal desea siempre».
En este sentido, Vargas informó de que se ha multiplicado por cinco desde enero de 2009 el número de personas que cumple prisión por delitos de seguridad vial. Así, se ha pasado de 200 personas en enero del año pasado a 988 internos a primero de junio de 2010.
Vargas ha indicado que en los últimos meses se ha producido un «progresión muy importante», que ha achacado no a que haya «más número de delitos», sino que hay una «mayor eficacia en la persecución de los delitos».