Los desarrollos hoteleros en la costa de Lanzarote que violan la normativa urbanística local pueden costarle a la isla su estatus de reserva de la biosfera, que le concedió la Unesco en 1993, adviertió ayer el diario Financial Times.
El periódico ha llevado a cabo una investigación conjunta con el Buró de Periodismo de Investigación sobre cómo se utilizaron fondos de la Unión Europea para financiar construcciones en terrenos considerados sensibles desde el punto de vista del medio ambiente.
Ocho grandes hoteles de la isla, algunos de los cuales se promocionan haciendo gala de ese estatus de reserva de la biosfera, pudieron recurrir a fondos de la UE por un total de 23,6 millones de euros al amparo de mecanismos para la generación de empleo en la isla, señala el periódico.
Corrupción urbanística
Más de una treintena de funcionarios y hombres de negocio de la isla han sido detenidos en relación con permisos urbanísticos ilegales y el equipo anticorrupción de la Unión Europea, Olaf, ha recibido el encargo de conseguir la devolución de esos fondos.
Aunque el gobierno isleño, el Cabildo, está obligado a informar a la Unesco de cualquier cambio de circunstancias que puedan afectar a su estatus de reserva de la biosfera, esa agencia de la ONU no estaba al tanto de tales atropellos hasta recibir los resultados de la investigación del FT.
Según la Unesco, esos casos pueden hacer peligrar ese estatus, que ha ayudado a la isla a conseguir fondos especiales de la Unión Europea.
Meriem Bouamrane, funcionaria de la Unesco, afirma que la organización está en contacto con las autoridades españolas para tratar de la situación y advierte que si se demuestra que las construcciones «no respetan la normativa local y tienen un impacto negativo en el medio ambiente, puede revocarse ese estatus».
Aunque hay 564 lugares declarados reservas de la biosfera en todo el mundo, Lanzarote es la única isla que goza de tal estatus en su totalidad.
El diario cita entre los hoteles que han violado las leyes locales el Princesa Yaiza Suite Hotel, de Playa Blanca, que ha recibido más de cuatro millones de euros en fondos de la UE.
El hotel, señala el periódico, niega, sin embargo, haber cometido ilegalidad alguna y dice que se ha visto involucrado en una querella puramente política.