Tráfico rebajará las sanciones un 50% a los conductores por 'pronto-pago'

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó ayer que la nueva Ley de Tráfico, aprobada en noviembre y que entrará en vigor el próximo 25 de mayo, «ahorrará dinero» a la mayoría de los conductores que pagan sus multas. Entre las novedades destaca que aumenta del 30 al 50 por ciento el descuento de las multas por pronto-pago.
«Favorecemos a los conductores que quieren pagar la multa que son la mayoría de los ciudadanos», ha afirmado el titular de Interior que ha remarcado que quienes pagan «pagarán menos y de forma más sencilla» y quienes no quieren pagar «lo van a tener más difícil».
La intención de la Dirección General de Tráfico es que no pasen más de cinco meses entre el momento de la infracción y el día en que se quitan los puntos, frente a los casi dos años que se dilataban ahora algunos expedientes.
Agilidad
Para ello, se amplía de uno a cuatro años el plazo de prescripción de las sanciones económicas para evitar que determinados conductores se aprovechen del «farragoso» procedimiento administrativo para eludir el pago.
«Había un 25 por ciento de conductores que no pagaba las multas», ha lamentado Rubalcaba. La nueva norma, aprobada por el Congreso en el mes de noviembre, reduce de 27 a 20 las infracciones que acarrean la pérdida de puntos y establece cuantías fijas para las sanciones -desde los 100 a los 500 euros-, con independencia de que la multa la imponga la Guardia Civil o un ayuntamiento.
El texto establece además que el dinero recaudado en multas deberá destinarse íntegramente a políticas de seguridad vial, prevención de accidentes y ayudas a las asociaciones de víctimas.
Entre las nuevas infracciones destaca la de programar el navegador, que detrae puntos y está considerada falta grave, la de estacionar en plazas reservadas para discapacitados o la de llevar la matrícula ilegible, que se sancionarán todas ellas como faltas graves, aunque no conllevarán pérdida de puntos del carné.
Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualquier mecanismo destinado a interferir en el funcionamiento de los sistemas de vigilancia. Estas infracciones serán penadas con multas de 6.000 euros. Además, las empresas que instalen este tipo de mecanismos serán sancionadas con multas de entre 3.000 y 2.000 euros.