El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, negó ayer en Palma que existiera una «persecución judicial» a UM y al Partido Popular instigada desde el Gobierno, como aquí han llegado a argumentar cargos de ambos partidos, y afirmó que «es muy recurrente» que todos los partidos, sean de donde sean, utilicen ese argumento. Caamaño, en presencia del delegado del Gobierno en Balears, Ramón Socías, tampoco quiso considerar la teoría sobre el llamado 'pacto de los fiscales' que habría supuesto una especie de acuerdo de alto nivel político-judicial para no investigar determinados casos.
Caamaño protagonizó ayer en Balears una intensa jornada. Por la mañana viajó a Menorca, después se reunió con el presidente del Tribunal de Justicia, con el fiscal jefe y con el presidente del Govern. Finalmente compareció ante los medios de comunicación donde, inevitablemente, fue preguntado por la situación de corrupción que se vive en las Islas.
El ministro dijo que la corrupción «mina los cimientos de la sociedad democrática» y, se comprometió a evaluar las «necesidades reales» de la Administración de Justicia en las Islas para dotar de más medios a la Fiscalía y a los Juzgados, ante la «situación coyuntural» de incremento de casos. Aun así, fue claro al recordar que había sido con el gobierno socialista cuando «más medios» se habían puesto para investigar estos casos.
Preguntado sobre si considera que el presidente del Govern, Francesc Antich, debería convocar elecciones anticipadas tras quedarse en minoría, después de que el pasado 5 de febrero expulsara a los cargos ejecutivos de UM, el ministro de Justicia estimó que en estos momentos de crisis económica, es «necesario mantener la estabilidad institucional siempre que se pueda y se cuente con los legítimos apoyos para hacerlo, así como con la ilusión y capacidad para llevarlo a cabo».
Ritmos diferentes
«Me parece una perfecta solución y un gesto de responsabilidad mantener la estabilidad y combatir desde los poderes públicos con un ejercicio de gestión y de transparencia cualquier intento de corrupción, teniendo en cuenta que esta práctica es lo que ataca a la legitimidad democrática».
El ministro mantuvo que la vida política y la vida judicial llevan «ritmos diferentes» y que no debe vincularse, como hacen algunos partidos, determinadas acciones con causas políticas. En ese mismo sentido, consideró que la proximidad de las elecciones en Catalunya no debería impedir al Constitucional una sentencia sobre el Estatut cuando esté en condiciones de hacerla pública.