El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, expuso ayer que en la actualidad hay un total de 730 asuntos, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción. De éstos, 264 son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE. Por otro lado, 200 son contra miembros del PP.
Igualmente, señaló que hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergència i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal, 7 de Unió Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 del PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna. A ello hay que unir otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.
Justicia demoledora
Estos datos, para Pumpido, son el reflejo de la «imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa». Además, reconoce que le produjo «cierta preocupación» la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por «lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal». Así, insistió en que le «causa preocupación porque pone de manifiesto que los fiscales siguen siendo todavía, pese al enorme esfuerzo de transparencia» que se ha hecho desde Fiscalía para que se sepa que «los fiscales no persiguen a los delincuentes por su afiliación política, sino por los delitos que comete».
No obstante, aseguró entender que a veces «se produzca la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos», remarcando que esa sensación «responde a que lógicamente la información fluye con más agilidad dentro de la propia organización política de que se trate», así como a «la implantación de una u otra fuerza política en las instituciones de un área geográfica determinada».
Para Pumpido, no se puede decir que en la actualidad la corrupción es «un fenómeno generalizado», sino más bien que «ahora, más que nunca, las alarmas y los resortes del Estado de Derecho están funcionando correctamente, como nunca antes habían funcionado».