Querella contra la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Así va a actuar el Colegio de Abogados de Madrid ante el supuesto delito de prevaricación y de quebrantamiento del secreto de comunicaciones, en los que incurrieron los dos anteriores con motivo de las escuchas ilegales que, a juicio de esta agrupación, sufrieron varios de los abogados de los imputados en la trama de corrupción. Entre ellos, los de los cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo.
El ICAM iniciará acciones si no se abre ningún procedimiento a instancias del Ministerio Fiscal como consecuencia de las quejas trasladadas en este sentido para la «tutela de interés público de la justicia de la que es parte esencial el derecho de defensa». Para ello, esta organización colegial se escuda en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Concretamente, en la legitimación que reconoce esta normativa respecto a la Ley de Colegios Profesionales, el Estatuto General de la Abogacía y los Estatutos de la Corporación. En los artículos 446 o 447 se habla de comisión de delito de prevaricación.
Así las cosas, el Colegio ha otorgado el amparo a un total de ocho abogados de los imputados en el 'caso Gürtel' con motivo de las supuestas escuchas ilegales de las que fueron objeto por el juez Garzón en virtud del acuerdo proyectado ayer en Junta de Gobierno.
El letrado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, ha solicitado al juez Antonio Pedreira la nulidad de las actuaciones.