AGENCIAS-MADRID/BARCELONA
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, asegura sentir «inquietud» por el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no haya dictado una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña tres años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad, aunque afirma que «hay otras muchas leyes que están pendientes de resolución desde hace seis y siete años».
En una entrevista, Caamaño señala que «la media» de tiempo que necesita el pleno del TC para dictar sus sentencias «excede con mucho los tres años» y añade que la resolución sobre el Estatut será «la más compleja de su historia» porque «va a marcar el futuro del Estado de las autonomías y hacia dónde pueden o no evolucionar».
«¿Que a mí me gustaría que ya tuviésemos la sentencia del Estatut? Sin duda, pero soy consciente de la dificultad y de la complejidad de esa sentencia», señala el ministro, tras expresar su confianza en que el TC haga «una buena interpretación de la Constitución».
En ese contexto, Carles Cruz, vocal del Consejo General del Poder Judicial, consideró que el retraso del Constitucional para emitir su sentencia se explica por la «sobrecarga» de asuntos que le llegan y no apreció en esta demora motivaciones políticas.
Falta de recursos
Cruz constató que se trata de una sentencia de «complejidad extraordinaria», e insistió en que un TC menos cargado de temas tendría más recursos para dedicarse a asuntos trascendentes para la vida política y social.
Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, propone, en caso de una sentencia del Constitucional que recorte o limite el Estatut, que se celebre una cumbre de líderes políticos catalanes, con la presencia del presidente Montilla, para tratar de acordar la reacción política e institucional.
Proyección política
Para Mas, esa cumbre tendría como finalidad decidir una respuesta unitaria ante la eventual sentencia, que luego tendría su proyección política en el Parlament, con independencia de que en la calle se convoquen manifestaciones y actos de protesta.
«Antes de prefigurar lo que tiene que hacer el Parlament o el Govern -explicó-, yo creo que, una vez conozcamos la sentencia, hay que celebrar una cumbre al máximo nivel, en la que tiene que estar el presidente de la Generalitat y los líderes de las fuerzas políticas que quieren defender la aplicación estricta del Estatut o que están dispuestas a no admitir que se recorte».
Mas declinó, en este sentido, especular sobre qué tipo de respuesta debería salir del Parlament y si los partidos han de tener o no un «plan B».