El Departamento de Justicia del Gobierno vasco pretende asumir «poco a poco» la competencia de prisiones hasta conseguir su «total» transferencia, sin caer en la política del «todo o nada» desarrollada por el anterior Ejecutivo. El viceconsejero, José Manuel Fínez, que la pasada semana se reunió con la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró que la disposición de ésta «es magnífica».
Fínez asegura que su objetivo es elaborar durante esta legislatura un Plan Integral de Tratamiento de Presos y Penados con el fin de lograr mejorar las condiciones de los alrededor de 1.700 reclusos que cumplen prisión en Euskadi, y su «reintegración social y laboral» cuando sean excarcelados.
El viceconsejero de Justicia aseguró que su Departamento no puede dejar «la suerte de los presos» que están en centros penitenciarios vascos «al albur de la buena voluntad» de las diferentes entidades o asociaciones «que trabajan en las cárceles en atención a la reinserción, a través de diferentes subvenciones que les dan las instituciones públicas».
Por ello, propuso la elaboración de «un Plan Integral de Tratamiento de Presos y Penados» porque «tiene que haber una acción programada y dirigida, sobre todo, a los objetivos de reintegración social y laboral».
En este sentido, explicó que no sólo se trata, «aunque sí fundamentalmente, de recuperar humanamente» a los reclusos para la sociedad, sino también por una simple razón de efectividad económica, porque, si no, les condenamos a que, en cinco meses, vuelvan a estar en las prisiones».
«Cuestión delicada»
Tras recordar que, hasta ahora, las diferentes instituciones públicas y el Gobierno vasco tenían «un régimen subvencional a las diferentes asociaciones o entidades que trabajaban en prisiones», apostó por «reprogramar» esa actuación para abordar un plan de actuación impulsado desde el Ejecutivo. «A nosotros nos corresponde, junto con otros Departamentos, en especial con el Departamento de Servicios Sociales, dar una salida a este asunto», destacó.
José Manuel Fínez aseguró que, de esta forma, se pretende «dar los primeros pasos encaminados a dar efectividad en el traspaso a transferencias de Instituciones Penitenciarias». «Ésta es una cuestión delicada, pero, por muy delicada y sensible que sea, porque aquí se mezclan políticas de otra índole, no se puede estar paralizados», aseveró.