Las juntas de ayer revelaron la división de los jueces en vísperas de la reunión que el lunes el Ministerio de Justicia mantendrá con las asociaciones judiciales, que no han convencido a todos los magistrados, sobre todo a los de las grandes ciudades, de aplazar las protestas hasta junio. Buena muestra de esa división es lo sucedido en Madrid: los de la plaza de Castilla, donde trabajan 286 magistrados, han acordado por amplia mayoría hacer huelga el 18 de febrero, mientras que sus compañeros de la Audiencia Provincial, alrededor de 120, han respaldado la postura de las asociaciones.
En los órganos centrales con sede en Madrid -el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional- ni siquiera se han celebrado juntas de jueces. En Barcelona se ha repetido la misma situación: los magistrados de la Audiencia Provincial han resuelto aplazar a junio el posible paro, pero los demás, aunque por un estrecho margen, han acordado ir a la huelga.
En cualquier caso, todos los ojos están puestos en los resultados de la reunión del lunes, y el decano de los jueces de la capital, José Luis González Armengol, ha admitido que la decisión adoptada en la plaza de Castilla podría ser reconsiderada.También los jueces de Murcia, que fueron los primeros en poner fecha al paro y que ayer resolvieron mantener su convocatoria, han condicionado su celebración a lo que pueda salir de ese encuentro, mientras que en otros lugares, como Valencia, han pospuesto su decisión a la espera de lo que suceda ese día.
Así, el 18 de febrero puede tener lugar la primera huelga de jueces de la historia de España en juzgados de Madrid, Barcelona, Extremadura, Murcia, Málaga, Zamora, Eivissa, Castellón, Girona, Cuenca y Ciudad Real.
Los magistrados del País Vasco, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Segovia, Palencia, Salamanca, Àvila, Guadalajara, Albacete, Alicante, Lleida, Mallorca, Menorca y de las Audiencias de Barcelona, Madrid y Sevilla han optado por seguir la recomendación de las asociaciones y llevar a cabo protestas simbólicas el 18, pero aplazando la huelga.
Para tres de las cuatro asociaciones de jueces, la convocatoria cuestiona su representatividad y distorsiona las negociaciones. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria, discrepa de esta lectura «pesimista» que han hecho las otras tres asociaciones, Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI).