El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró ayer competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal, que encaja en el tipo penal de crimen contra la humanidad, que no prescribe.
En un extenso auto de 68 páginas, el magistrado ordena la apertura de las 19 fosas conocidas, incluida la de García Lorca, y la creación de un banco de ADN para las identificaciones de los desaparecidos. Además, solicita los certificados de defunción de Franco y 34 altos mandos, así como de los líderes de la Falange entre 1936 y 1951, para comprobar si la responsabilidad penal podría ejercitarse o no.
Balears
El auto contabiliza 114.266 desaparecidos entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, a partir de las aportaciones de asociaciones de memoria histórica, particulares, gobiernos autonómicos y ayuntamientos, y confirma que 1.777 de ellas lo fueron en Balears.
«No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil», argumenta el auto, que añade que la acción de la Justicia «debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos».
Este respeto, precisa, se extiende a los miembros de ambos bandos «con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos». Garzón justifica su decisión de investigar los crímenes franquistas en que, tras un «examen imparcial y sereno de los hechos» considera que los vencedores desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de sus víctimas y aplicaron su derecho a los vencidos.
«No aconteció lo mismo respecto a los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad al alzarse en armas contra el Estado», asegura el texto.
Paracuellos
En este sentido enmarca los motivos que le llevaron a rechazar la admisión a trámite de una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos.
Estos hechos ya «se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas», señala Garzón, que explica además que esta investigación no correspondía a la Audiencia Nacional, sino a jueces locales, porque los fusilamientos de Paracuellos no atentaron contra altos organismos.
Sin embargo, en la presente investigación existe un delito contra altos organismos de la nación, dado que los sublevados atentaron contra un gobierno legítimamente elegido y, aunque el delito ha prescrito, permanece el detención ilegal como crimen contra la humanidad. Además, el magistrado enmarca estos delitos en «un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo» contra los adeptos a la República que «requería el uso de la violencia» y que considera similar al que se llevó a cabo en la Alemania nazi.