El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, acordaron ayer una política antiterrorista consensuada y la renovación de los órganos judiciales, pactos que han trasladado el enfrentamiento político de la legislatura a la crisis económica. La primera reunión de Zapatero y Rajoy desde las elecciones, de poco más de dos horas, ha dejado patentes las discrepancias a la hora de afrontar la crisis, a pesar de que ambos han salido satisfechos y han hecho un balance positivo del encuentro tras cuatro años de crispación.
Sólo han marcado distancias en economía; Rajoy ha abogado por limitar el crecimiento del gasto público al 2% en 2009 y ha criticado que Zapatero crea que «las cosas se arreglan solas», pero el jefe del Ejecutivo ha rechazado su propuesta y ha garantizado austeridad sin recortar las políticas sociales. De los acuerdos, ambos han destacado el consenso antiterrorista, basado en la unidad de los dos partidos.
Se han comprometido además a estudiar reformas legales. El objetivo será introducir una disposición en la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo para retirar placas y nombres de calles que exalten a los terroristas; reforzar las penas accesorias y el alejamiento y el control de los etarras que salgan de prisión; y garantizar que, con su patrimonio presente o futuro, cumplen con sus responsabilidades civiles. Rajoy ven el acuerdo como el «espíritu» del Pacto Antiterrorista, ha estimado que Zapatero «ha aprendido» y ha asegurado que él siempre ha estado dispuesto a pactar para descartar «cualquier suerte de negociación con ETA».
Para ambos, el acuerdo es suficiente y no habrá pacto antiterrorista, aunque el presidente del Gobierno invitará la próxima semana al resto de las fuerzas políticas a sumarse a él. En materia judicial, han destacado el acuerdo para renovar en septiembre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC), endurecer las penas frente a los delitos sexuales y crear un registro de pederastas.