Un año después de que 13 personas murieran y cientos resultaran heridas al tratar de entrar en Ceuta y Melilla, aún no han concluido las investigaciones sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes que participaron en los incidentes, y no se han tomado medidas preventivas, según denunció ayer Amnistía Internacional.
En un nuevo informe basado en los testimonios de las víctimas y en los contactos que esta organización ha mantenido en el último año con las autoridades de España y de Marruecos, AI expresa su preocupación por la falta de garantías de que las investigaciones van a ser minuciosas, imparciales y efectivas y por la ausencia de medidas disciplinarias en relación con las muertes y los malos tratos.
Esto supone que, en la práctica, hasta ahora existe una situación de impunidad. «Las autoridades de España y Marruecos no sólo hicieron un uso excesivo de la fuerza para devolver a estas personas migrantes y solicitantes de asilo, sino que en muchos casos las expulsaron inmediatamente y en masa a países donde podrían correr peligro de ser torturadas o sufrir otros malos tratos», dijo Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.Aún en julio de 2006 murieron otras tres personas al tratar de entrar a España desde Marruecos. Al día siguiente, el ministro del Interior de España accedió a proporcionar a Amnistía Internacional información actualizada sobre la investigación de éste y anteriores incidentes, que la organización no ha recibido.
«El ministro del Interior de España debe cumplir su palabra y facilitar el resultado de las investigaciones, así como asegurarse de que las normas sobre uso de la fuerza están en consonancia con el derecho y las normas internacionales, tal y como se comprometió con Amnistía Internacional en una reunión celebrada el pasado mes de julio», señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.