El juez Fernando Grande-Marlaska ordenó ayer la suspensión de actividades de Batasuna por dos años y del acto que la formación ha convocado para el próximo día 21 en Barakaldo (Vizcaya), advirtiendo de que «cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración» puede ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista o de desobediencia.
El juez de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión en un auto de 37 folios en el que pide a los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil, así como a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco, que comuniquen si se celebra o no dicho acto, y, de celebrarse, las razones por las que no se ha impedido.
«La anterior investigación deviene relevante toda vez que cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración pudiera ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, bien de un delito de omisión del deber de impedir delitos, bien de desobediencia», destaca la resolución.
El juez acuerda por ello solicitar a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco que informe a los representantes legales del Bilbao Exhibition Center (BEC) de que «se abstengan de ponerlo a disposición de los convocantes, necesariamente por persona intermedia, al adolecer HB-EH-Batasuna de personalidad jurídica, y con la advertencia» de que de no impedirlo sus responsables podrían incurrir en los citados delitos.
Grande-Marlaska notificó su decisión tras celebrar por la mañana una «vistilla» del articulo 129 del Código Penal, que regula la suspensión de actividades de organizaciones, para lo que tuvo antes que rechazar el incidente de recusación con el que la defensa de Batasuna trató de evitar la actuación del juez en relación con el Congreso de la formación.La orden de suspensión de actividades, que no puede exceder de cinco años, fue decretada por primera vez en agosto del 2002 por tres años y debía haberse prorrogado el pasado verano, aunque finalmente no se hizo bajo el argumento de que no era necesario al haber sido ilegalizada por el Supremo, en marzo del 2003.