Los nuevos inmigrantes regularizados aportarán el próximo año de 1.000 a 1.500 millones a la Seguridad Social, avanzó el titular de Trabajo, Jesús Caldera, quien añadió que las inspecciones de trabajo para detectar empleo ilegal se centrarán en las provincias con menos peticiones respecto a su cifra de inmigrantes empadronados.
El ministro explicó que el Plan de Inspección de Trabajo «específico y especial de refuerzo», que arranca hoy, persigue combatir la economía sumergida y sancionar a los empresarios que actúan de forma ilegal, «también se puede legalizar el trabajador si se demuestra que el inmigrante llevaba tiempo trabajando en España», manifestó. Desde hoy y durante todo 2005 se realizarán 500.000 actuaciones, que «podrán hacerse perfectamente con una plantilla de 1.700 personas.