El fiscal del caso Gescartera solicitó ayer para el que fuera propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, once años de prisión por los delitos de apropiación indebida y delito continuado de falsedad, más una multa de 263.238 millones de euros.
En su escrito de acusación, el fiscal solicita para Camacho la pena de 8 años de prisión y multa de 2 años, por importe de 175.492 euros, por el delito de apropiación indebida, mientras que por lo que considera delito continuado de falsedad, el fiscal pide para Camacho la pena de prisión de 3 años y multa de 12 meses, por importe de 87.746 euros.
Asimismo, el fiscal solicita penas de prisión para otras 13 personas presuntamente implicadas en el caso Gescartera, entre las que se encuentran José María Ruiz de la Serna y Aníbal Sardón, para los que pide 11 años de cárcel, y Pilar Giménez Reyna, Francisco Javier Sierra de la Flor, y Miguel Àngel Vicente González, para los que reclama 8 años de prisión. Además de solicitar la apertura de juicio oral contra estos 14 acusados, el fiscal ha pedido lo mismo, en concepto de responsables civiles directos, para las sociedades Gescartera Dinero AV y Gescartera Gestión SGIIC, Gescartera Dinero SGC, Bolsa Consulting Madrid, Bolsa Consulting, Breston, Promociones Andolini, Gescartera Pensiones EGFP, BC Fisconsulting y Asesoría y Gestión de Patrimonios. El ministerio público pide que se condene a estas sociedades como responsables civiles, así como a doce de los acusados -excluye a los dos empleados de La Caixa-, para que éstos devuelvan solidariamente a cada uno de los clientes de Gescartera el dinero que tenían antes de que la agencia fuera intervenida.Por si estas personas no fueran solventes para hacer frente al pago de esas indemnizaciones, el fiscal pide al juez que designe a Caja Madrid Bolsa responsable civil subsidiario. Además, debería condenar como responsables civiles por importe de 26,37 millones de euros a los ex directivos de la oficina de La Caixa en Majadahonda (Madrid) Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente, y a la propia entidad como responsable subsidiario.