Estas serán dos de las fórmulas de regularización que se incluirán en el reglamento de la Ley de Extranjería que el Gobierno prevé aprobar en octubre, avanzó ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante su comparecencia en el Congreso.
La primera de las fórmulas, explicó Caldera, se denominará «arraigo laboral» y será el sistema general a partir de la entrada en vigor del reglamento, mientras que el segundo proceso tendrá una duración limitada y será «selectivo y personalizado», aunque aquí habrá de alcanzarse un amplio consenso, dijo.
Caldera, que entregará hoy el texto del reglamento a los grupos parlamentarios, calificó el arraigo laboral de «instrumento innovador y radical» para luchar contra la contratación de irregulares.
Tras la denuncia, el empresario deberá hacer frente con carácter retroactivo a todas sus obligaciones y, además recibirá la correspondiente multa, aunque esa sanción se suspenderá si se liquidan las deudas con el trabajador y con los organismos públicos y se mantiene durante al menos un año más al empleado.
Las autorizaciones de residencia «por circunstancias excepcionales» que admite la Ley de Extranjería se evaluarán, dijo, «de manera comprensiva, pero rigurosa», y el resto de supuestos de arraigo se vincularán a una estancia de al menos tres años, a la incorporación real al mercado laboral y a la demostración de lazos familiares o del arraigo a través del aval de los servicios sociales de los ayuntamientos.Al margen del régimen general, el reglamento fijará una fórmula de carácter temporal que permitirá que, cuando el inmigrante lleve en España «un tiempo suficiente» por determinar y esté trabajando, pueda presentar un contrato de trabajo y alta posterior en la Seguridad Social por un mínimo de un año.
Caldera dejó claro que no se trata de un proceso de regularización y explicó que los inmigrantes obtendrán un permiso temporal supeditado a la continuidad de la relación laboral, «pudiéndose recoger la posibilidad de actualizar las cotizaciones a la Seguridad Social» correspondientes al periodo de trabajo que hubiera desarrollado el extranjero cuando era irregular. El reglamento, subrayó el ministro, fomentará la contratación legal de extranjeros y reformará el requisito básico para contratar en el exterior, de forma que el Servicio Público Estatal de Empleo elaborará un catálogo de puestos donde ha quedado comprobado que no hay residentes que puedan ocuparlos.