Esta novedad avanzada por el diario 'El País' y confirmada ayer por la secretaria de Estado de inmigración y Emigración, Consuelo Rumí y el portavoz socialista en temas de Inmigración, Antonio Hernando, formará parte del reglamento de la última reforma de la Ley de Extranjería que está ultimando el Ejecutivo. Rumí puntualizó que la medida afectará a un número «importante» de personas, aunque su volumen al final dependerá de los empresarios y empleadores que estén dispuestos a colaborar y a acabar con la actual situación de economía sumergida.
La secretaria de Estado explicó que los irregulares deben demostrar una relación laboral «fehaciente» y que ayudará a los llevan una cantidad de tiempo «importante» en España. «Esto no va a resolver la situación de los que vinieron ayer o hace tres meses».
Además subrayó que el Gobierno arbitrará todas las garantías para que el proceso se lleve a cabo «sin especulaciones, sin compra de contratos y sin enriquecimiento de las mafias». Para ello, dijo que la normalización se llevará a cabo «siempre y cuando un empresario o un empleador quiera contratar a esa persona». «Quien va a decidir qué número de personas se va a acoger son los empleadores y empresarios que estén dispuestos de acuerdo con el Gobierno a acabar con la economía sumergida», añadió. En su opinión, esto no va a servir a las mafias porque «no va a ser posible comprar contratos». El objetivo es precisamente hacer salir a flote la economía sumergida y acabar con «la etapa caótica del PP».El portavoz socialista en materia de Inmigración, Antonio Hernando, argumentó que la regularización de los inmigrantes que denuncien a los empresarios que se aprovechan de su condición de irregulares persigue por un lado luchar contra la economía sumergida y por otro normalizar la situación de este colectivo.