El Partido Popular incluirá en su programa electoral una postura más flexible sobre las propuestas de reforma de los estatutos que se están produciendo en algunas comunidades autónomas, mostrando una disposición al diálogo, siempre que sea dentro de la Constitución, según informaron fuentes populares.
Las mismas fuentes explicaron que el PP seguirá manteniendo una postura de firmeza en la defensa de lo que son los principios y las normas constitucionales que han defendido hasta ahora.
Sin embargo, sí que se producirá un giro o un cambio de postura dentro del programa electoral con el que se presentarán a las elecciones del próximo 14 de marzo. Este consistirá en no tener una posición «numantina», según las fuentes consultadas, en contra de modificar los estatutos o de realizar algunas transferencias a las comunidades autónomas.
Esta postura de «flexibilidad» en el diálogo tampoco implica que los populares vayan a asumir cambios radicales de los estatutos o que impliquen modificaciones de la Carta Magna. Pero, dejarán claro en su oferta electoral que están abiertos a dialogar siempre que se trate de propuestas razonables y que encajen dentro de los principios constituiconales.
Una de las líneas que están estudiando es similar a la utilizada con Convergencia i Unió, cuando tenían acuerdos de Gobierno, y que permitió ceder algunas competencias como por ejemplo la de Tráfico. Esta transferencia se realizó en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, que dice que el Estado podrá transferir o delegar en las autonomías, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.De otra parte, la Diputación Permanente del Congreso cerró ayer la VII legislatura, ante la inminente disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones de marzo, con una sesión en la que el PP, junto con CC, rechazó por innecesarias e inoportunas las comparecencias extraordinarias de los ministros de Defensa, Federico Trillo; Trabajo, Eduardo Zaplana, y Hacienda, Cristóbal Montoro; cuya presencia ha sido reclamada por la oposición.