El Pleno del Tribunal Constitucional está dividido ante el recurso presentado por el Gobierno contra el Plan Ibarretxe. Por eso, los doce magistrados han solicitado nuevos informes al Ejecutivo central, al vasco y al Parlamento autonómico sobre el proyecto nacionalista. Todas las partes tienen diez días para formular las alegaciones que consideren oportunas antes de adoptar una decisión. Será presumiblemente en enero cuando el Constitucional decida si admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno.
No hay acuerdo en el Tribunal Constitucional sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno. El Tribunal ha dictado una providencia que afecta a todas las partes para que «aleguen lo que consideren conveniente» sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno vasco, que aprobó el proyecto de nuevo Estatuto derivado del Plan Ibarretxe, y de la Mesa del Parlamento vasco, que decidió admitirlo a trámite con la oposición de PP y PSE.
Quiere el Tribunal que las partes expliquen si el recurso tiene relación con el artículo 161.2 de la Constitución y el Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ambas disposiciones regulan la competencia del Gobierno para impugnar ante este Tribunal resoluciones de las comunidades autónomas. De admitirse a trámite el recurso, el Plan Ibarretxe quedaría suspendido cautelarmente por un plazo prorrogable de cinco meses. El martes comenzó la discusión sobre este recurso. Al parecer, todos los jueces están de acuerdo en que el contenido del proyecto nacionalista es inconstitucional, pero no hay consenso acerca del momento en que se ha presentado el recurso. Varios magistrados creen que los acuerdos adoptados hasta la fecha por el Gobierno y el Parlamento vasco no son impugnables todavía.