La Fiscalía Anticorrupción quiere que se la dote «legalmente» de una «autonomía real y efectiva, situando en sus justos límites las actuales facultades del fiscal general del Estado», que considera «excesivas» y «con un grado de intervencionismo que limita la autonomía funcional de la Fiscalía Especial». Así se pone de manifiesto en la Memoria de este órgano correspondiente a 2001 en la que se valora «muy positivamente» la conclusión con sentencia condenatoria de los casos PSV, Fondos Reservados e Intelhorce.
La Memoria contempla «con preocupación» cómo la desregulación mundial de los mercados de capitales, la persistencia de la opacidad de ciertas transacciones financieras y las deficiencias de la cooperación entre los Estados «mantienen un marco que favorece la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales». «Ante esta situación se multiplican iniciativas bienintencionadas que, en ocasiones, sólo son proclamaciones retóricas y, en otras, chocan con intereses económicos, como la banca, que resisten los esfuerzos reguladores de los Estados».