El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo acordó ayer mantener en prisión incondicional al alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, y a otros cuatro imputados en el caso de la presunta malversación de 27 millones de euros de las arcas municipales de Marbella, si bien esta medida cautelar desaparecerá el lunes, tras la comparecencia de dos testigos. Por otra parte, el juez decretó libertad bajo fianza de 150.000 euros para los otros dos implicados que también permanecían en la cárcel desde la noche del pasado martes, según informaron fuentes jurídicas.
En el auto dictado ayer tarde, Del Olmo justifica su decisión en la necesidad de dotar de «adecuada tranquilidad» la comparecencia de dos testigos que ha citado para el próximo lunes en su despacho de la Audiencia Nacional, con el fin de «no ver alteradas ni manipuladas» sus declaraciones. Añade que «presentes los testigos cuya disposición se ha acordado, desaparecerá la razón de la prisión provisional incondicional» decretada contra los imputados. De momento, la prisión incondicional se mantiene, aunque comunicada, para el primer regidor marbellí, su ex abogado José Luis Sierra, el gerente de la empresa municipal Contratas 2000, José Luis Jiménez, el contable de varias empresas marbellíes, Manuel Castell, y el gerente de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca.
Todos ellos ingresaron en la cárcel a instancias de la fiscal Anticorrupción Belén Suárez por los delitos de malversacion y falsedad de documento y en situación de incomunicación, que no les fue levantada hasta las 17.00 horas de hoy por el juez. El juez Del Olmo siguió ayer con las declaraciones que inició el martes, cuando decidió encarcelar a Gil y otros seis imputados. Manuel Castell fue conducido de nuevo a la Audiencia Nacional para responder a preguntas del magistrado.
Pero no fue el único. También tomó declaración a varios testigos entre los que se encuentran tres hermanos que figuraban en la contabilidad municipal de Marbella como beneficiarios de una cantidad, aunque ellos negaron que hubieran recibido una sola peseta por la expropiación municipal de unos terrenos de la familia. Por otra parte, el PP de Marbella pidió al juez que acepte la personación de su partido en la causa.