El secretario de Política Económica y Ocupación del PSOE, Jordi Sevilla, admitió la necesidad de modificar el seguro de desempleo, pero afirmó que la propuesta gubernamental supone «recortes y expropiación» de los derechos de los parados y avanza en el deterioro de las condiciones laborales. El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, manifestó que esta reforma constituye una «agresión moral ilícita», en tanto que el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, consideró «intolerables» algunos de sus aspectos. El portavoz de Empleo del grupo socialista, Ramón Jáuregui, señaló que eliminar los salarios de tramitación "de modo que el trabajador despedido sólo cobre el sueldo atrasado si el juez dictamina despido improcedente y obliga al empresario a su readmisiónes" «la medida más importante de abaratar el despido».
Asimismo, la diputada del PSOE Isabel Pozuelo denunció la desaparición del subsidio agrario "el antiguo PER" que, en su opinión, será un «auténtico desastre para el mundo agrario y sobre todo para Andalucía y Extremadura». CC OO y UGT anunciaron que, tras «analizar en profundidad» el documento presentado por el Ejecutivo, adoptarán acciones conjuntas contra una «injusta y grave» reforma que, a su juicio, tendrá «consecuencias muy negativas». CC OO criticó que el Gobierno haya optado por «abandonar la negociación y el diálogo social en un asunto básico para la cohesión social como es la protección al desempleo» y aseguró que «no va a aceptar ningún recorte como los planteados». UGT opinó que la iniciativa del Ejecutivo significa «recortes injustificados, injustos, indignos e intolerables» y añadió que «constituye una enorme batería de medidas culpabilizadoras, penalizadoras y de expulsión del sistema de protección por desempleo».
El líder de IU, Gaspar Llamazares, declaró que, con esta reforma, se potenciará el «trabajo basura o de esclavo» y auguró movilizaciones «contra el régimen de Aznar». Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, advirtió a las centrales que «el conflicto no es la solución» y reiteró que su Departamento desea escuchar las opiniones de los agentes sociales sobre «el fondo y la forma de la reforma». Aparicio subrayó que es necesario reformar el modelo para activar al máximo el mercado de trabajo y mejorar la protección social de muchos colectivos que no llegan a los niveles óptimos y agregó que la propuesta del Ejecutivo es «adecuada».
El secretario general de Empleo, Juan Chozas, aseguró que, con su propuesta, el Gobierno intenta «defender los intereses generales» e incidió en que el objetivo de la protección por desempleo debe ser que la opción más atractiva sea siempre ocupar un puesto de trabajo. El portavoz de Empleo del PP en el Congreso, José Eugenio Azpiroz, aseguró que la eliminación de los salarios de tramitación permitirá a los trabajadores despedidos el acceso inmediato a la prestación por desempleo, con lo que podrán dedicarse a buscar empleo desde el primer día. Azpíroz precisó que la propuesta no está cerrada y sigue abierta al debate, de modo que se modificará hasta lograr cierto consenso social.