El debate sobre la liberalización del mercado de la energía determinará el éxito o el fracaso de la cumbre de Barcelona. Francia ha mostrado su rechazo absoluto para evitar colapsos como el de California. Enfrente se posicionan Alemania y España, para quienes es «imprescindible» liberalizar este sector. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, confió ayer en que el Consejo Europeo de Barcelona logre impulsar las reformas pendientes, empezando por la apertura de los mercados de la energía. Según Prodi, el coste para la industria europea de no aplicar los acuerdos de liberalización energética alcanzados en Lisboa hace dos años asciende a 15.000 millones de euros al año, «lo que ni las empresas ni los consumidores comunitarios podemos permitirnos».
Prodi enumeró las cinco áreas que servirán para medir el éxito de la cumbre y destacó que, sobre liberalización del mercado de la energía, pedirá a los líderes comunitarios que fijen fechas para abrir el sector a los clientes empresariales y se comprometan «claramente» a ampliar esa apertura a los particulares. El presidente, no obstante, reconoció que la existencia de procesos electorales muy próximos en algunos países "Francia y Alemania, entre ellos" puede propiciar que el Consejo Europeo alcance un acuerdo de mínimos. Francia está dispuesta a dar «nuevos pasos» en la apertura del mercado eléctrico y gasístico a los clientes profesionales, en el marco de un «paquete global», indicó la portavoz del Elíseo, Catherine Colonna, al explicar ante la prensa la posición de París.
Tras señalar que la discusión está «abierta», citó como elementos de ese paquete el establecimiento de indicadores de apertura «real» del mercado, la tasación de la energía y avances en la consideración de los servicios de interés general tanto en directivas sobre la energía como en el marco general del tratamiento de los servicios públicos. Alemania por su parte, apoya, en principio, la liberalización de los mercados "en particular de energía, telecomunicaciones y servicios postales" «una mejora de las condiciones marco de la economía», y una «ofensiva en el ámbito de la investigación, la tecnología y la educación». En el campo laboral y de las ayudas sociales está a favor de «fomentar la movilidad» y de una «política social que tenga en cuanta los cambios demográficos».
El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró que no hay discrepancias entre los Quince sobre la necesidad de reformas económicas y el debate se limita a los ritmos, y defendió la estabilidad lograda por España frente a «males» del pasado provocados por endeudamientos y déficit. Aznar hizo estas consideraciones en la inauguración de la Conferencia Internacional de Cámaras de Comercio que se celebró ayer en Barcelona y en la que estuvieron presentes, entre otros, el Rey, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol y el alcalde de la ciudad, Joan Clos. El jefe del Ejecutivo, en el primer acto de su agenda previa a la celebración del Consejo Europeo, consideró que la cumbre que comenzará el jueves no marcará un principio ni un final en las reformas económicas, pero sí será un «hito» en el desarrollo europeo.