Los Gobiernos de España, Francia, Reino Unido, Portugal, Luxemburgo y Bélgica, suscribieron en Santiago de Compostela un acuerdo, al que posteriormente se sumó Alemania, por el que adelantan al primer trimestre del año 2003 la aplicación de la orden europea de detención y entrega, conocida como «euroorden», que está previsto que entre en vigor en todo el territorio de la Unión Europea el 1 de enero del año 2004. El acuerdo de adelantar en un año la «euroorden» en seis países fue anunciado en una rueda de prensa conjunta por los ministros de Justicia de España, Angel Acebes; Reino Unido, David Blunkett; Luxemburgo, Luc Frieden; y Portugal, Antonio da Costa; junto al comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino.
Acebes destacó la importancia que el acuerdo tiene para la lucha contra el terrorismo en Europa, y señaló que el resto de países de la UE que no han suscrito el adelanto de la «euroorden» podrán sumarse a la iniciativa en cualquier momento. El ministro dijo que la razón de que los otros nueve países comunitarios no hayan firmado esta medida es que requieren más tiempo para adecuar sus ordenamientos jurídicos a la nueva orden de detención y entrega, y en algunos casos precisan incluso una reforma constitucional.
El acuerdo supondrá que en los seis países firmantes, a partir del primer trimestre del 2003, se aplicará de forma efectiva la «euroorden», es decir, que el mandamiento de detención de un juez de cualquiera de esos estados tendrá plena vigencia en los otros cinco. La cooperación reforzada entre los seis países citados para poner en marcha la Decisión marco sobre el mandato de detención y entrega no ha sido, como era de prever, respaldada por Italia. Fuentes comunitarias consideran que esto demuestra nuevamente que el Gobierno de Silvio Berlusconi no está dispuesto a avanzar al ritmo que sus colegas en esta materia.
El ministro de Justicia italiano, Roberto Castelli, justificó la negativa de su país en «razones de prudencia», y criticó que se estén produciendo pasos de este tipo sin alcanzar primero un consenso general sobre el modelo europeo que se pretende alcanzar. «Es colocar el carro delante de los bueyes», dijo Castelli. De otra parte, los Quince abogaron por reforzar el papel de Europol en la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal, el narcotráfico y la falsificación del euro. Los ministros de Interior y Justicia apoyaron las propuestas de la presidencia española para impulsar la creación de un Banco de Datos de Visados en la Unión Europea y una política común de gestión de fronteras, para frenar la inmigración ilegal.