El juez Baltasar Garzón dejó ayer en libertad «sin restricciones» a los directores de los diarios 'Gara' y 'Euskaldunon Egunkaria', Mertxe Aizpurua y Martxelo Otamendi, después de tomarles declaración como imputados y en contra del fiscal Pedro Rubira, que pedía prisión para los dos por los delitos de colaboración con banda armada, amenazas, justificación del terrorismo e inducción al asesinato por publicar una entrevista a dos miembros de ETA en junio pasado. El juez cree que la entrevista no induce a los miembros de ETA a matar a un edil, sino que simplemente reproduce una voluntad ya tomada por los etarras.
El juez tomó ayer declaración como imputados a los dos directores de acuerdo con la resolución acordada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal que estimó el recurso presentado por el fiscal contra la decisión de Garzón de no tomarles declaración como imputados al considerar que no cometían delito. Desde el primer momento, Garzón se ha negado a imputar a los dos jueces por la entrevista, al considerar que prevalecía «el derecho a difundir la información por encima de una interpretación amplia del concepto de apología» del terrorismo.
Tras la publicación, el fiscal Pedro Rubira presentó una querella contra ambos directores por los delitos de amenazas terroristas y justificación del terrorismo, que después amplió con el de colaboración con banda armada al imputarles el delito de inducción al asesinato del concejal de UPN en Leiza José Javier Múgica, al que ETA tiroteó meses después. El fiscal consideraba que una de las preguntas de los periodistas daba un posible objetivo a ETA al decir: «Por poner un ejemplo, si un grupo de concejales de UPN hiciera un gesto y pidiera a su ejecutiva que traigan a Euskal Herria a los presos de Nafarroa, ¿Eso supondría que dejarían de ser objetivo de ETA?» Cuando más tarde, el 14 de julio, ETA asesinó al concejal de UPN, el fiscal vió clara la relación entre la pregunta de los periodistas y la actuación de la banda.
Sin embargo, la opinión de Garzón era distinta. El juez se negó a imputar a los dos directores argumentando que con la entrevista los directores de los medios no inducen a los miembros de ETA para que maten a un concejal, sino que simplemente reproducen una voluntad ya tomada por la organización terrorista. Pero tras la resolución de los recursos presentados por el fiscal, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dio la razón al Ministerio Público contra el criterio de Garzón y ordenó la imputación de los dos directores.
Garzón explica en su auto que no existe causa alguna para decretar prisión para Aizpurua y Otamendi, porque ambos tienen domicilio fijo, trabajo y siempre han comparecido a los requerimientos judiciales. Asimismo, dice en su escrito que antes de la publicación de la entrevista, la organización terrorista ETA había atentado en diversas ocasiones contra la vida y bienes de concejales de UPN. No obstante, los dos directores se negaron a declarar ayer, aunque sí lo hicieron cuando comparecieron como testigos. Otamendi sólo ha querido alegar que no ha inducido al asesinato de ninguna persona y recordó el auto del propio juez, del pasado verano, al afirmar que «su conducta fue ejercer su derecho a comunicar información veraz».