La polémica sobre una posible reforma de la Constitución, que propugnan los principales partidos de la oposición y a la que se opone el Gobierno, marcó ayer la celebración del XXIII aniversario de la Carta Magna, que congregó en el Congreso a representantes de las altas instituciones del Estado y de distintos sectores sociales. José María Aznar reiteró su rechazo a una reforma constitucional por creer que no es «necesaria ni conveniente», pero expresó respeto por opiniones distintas y rechazó que su posición suponga una ruptura del pacto constitucional, algo de lo que le han acusado los nacionalistas.
El jefe del Ejecutivo, quien consideró igual de respetable defender cambios en la Constitución que abogar por su mantenimiento, instó a los que plantean la reforma a que expliquen en qué términos la desean, ya que dijo que «todo lo demás está absolutamente fuera de lugar». Aznar explicó que ha escuchado propuestas de modificación que alteran el pacto constitucional con las que no está de acuerdo y, al hilo de ello, subrayó el proceso de descentralización que ha vivido España y dijo que en este momento «cualquier propuesta de reforma constitucional no es una buena propuesta».
Salía así al paso de declaraciones como las del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien afirmó que sus manifestaciones demuestran que «España necesita un liderazgo mucho más integrador y más a la altura de un tiempo modernos». Rodríguez Zapatero defendió también la vigencia del texto constitucional pero acusó al PP de plantear un debate falso en torno a la organización territorial de España. No obstante, el dirigente socialista que más se extendió en sus críticas a Aznar fue el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, quien tildó las palabras del jefe del Ejecutivo de «poco respetuosas con la Constitución y con los ciudadanos españoles».
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó a Aznar de creer que en la Constitución «ya sólo está él» y de utilizar la Carta Magna como un «arma arrojadiza» en lugar de interpretarla como «un ámbito de derecho y un ámbito democrático acogedor». «Un Gobierno es el último que debe utilizar la Constitución en provecho propio», explicó el coordinador general de IU. El portavoz parlamentario de CiU, Xavier Trias acusó a Aznar de «mofarse» de las reivindicaciones nacionalistas y de «romper el consenso» que la fuerzas políticas plasmaron en la Constitución.
Trias lamentó que «palabras como las de ayer (por el miércoles) del señor Aznar rompan este consenso» y consideró «una provocación» que el jefe del Ejecutivo tachara de «ocurrencias» aquellas propuestas que plantean la revisión del texto constitucional. Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes, insistió en que el texto constitucional sigue siendo una «fórmula válida para convivir entre los españoles» y advirtió de que cualquier reforma del mismo requeriría, al menos, el mismo consenso que se alcanzó su aprobación en 1978.