De acuerdo con las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Gobierno ha estudiado una serie de medidas para evitar la financiación de las actividades terroristas. Para ello remitió ayer al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado un Anteproyecto de Ley, por el que se crea una comisión de vigilancia que tendrá como misión ordenar la congelación de cuentas de los sospechosos de financiar el terrorismo.
El ministro de Justicia, Angel Acebes, declaró tras el Consejo de Ministros que la medida tiene como principal objetivo impedir que los terroristas reciban apoyos económicos, porque, según dijo, las autoridades no deben contentarse con castigar a los terroristas una vez que son detenidos, sino que deben preocuparse de prevenir. Precisamente por eso la medida ha sido denominada como 'Anteproyecto de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo'. El ministro del Interior, Mariano Rajoy, explicó que esta resolución tiene como finalidad crear mecanismos ágiles que permitan cortar las fuentes de la financiación terrorista, siempre en el pleno respeto a las exigencias de nuestro Estado de Derecho y de la Constitución.
Concretamente, el anteproyecto tiene como antecedentes la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada el 28 de septiembre de 2001, que ordenó a los estados que adopten las medidas necesarias para prevenir y reprimir el delito de terrorismo, en especial la financiación de las organizaciones violentas, congelando sin dilación los fondos de los sospechosos de terrorismo, ya sean personas o entidades.
La comisión, de la que formará parte un representante del Ministerio Fiscal, podrá congelar los fondos de esas personas y entidades por un periodo de hasta seis meses. Este plazo podrá ser prorrogado por el órgano judicial. Sus resoluciones serán siempre susceptibles de recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.