La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Bendala, dijo que se ha puesto vigilancia de veinticuatro horas en varias sedes judiciales de la Costa del Sol, como las de Fuengirola, Estepona y Torremolinos, después de que esta última fuera asaltada. Bendala aseguró que esta vigilancia ya existía en los juzgados de la capital malagueña y en los de Marbella, de donde el mes pasado fueron sustraídos varios expedientes relacionados con el alcalde de la localidad, Jesús Gil. La directora general, que recordó que es fiesta local en Málaga, aseguró que hasta hoy no podrá saberse con detalle si de la sede judicial de Torremolinos ha sido sustraído algo, ya que habrá que revisar los expedientes uno por uno, y esta tarea requiere tiempo.
El asalto se produjo en el edificio que alberga cuatro juzgados de Torremolinos y, confirmó Bendala, los asaltantes entraron, además de en las oficinas judiciales, en la fiscalía, en el colegio de abogados y en el de procuradores. Sin embargo, el juez decano comunicó a Bendala que «parece que en principio no ha habido desaparición de cosas que puedan ser notorias, ni se echa de menos nada», lo cual no se podrá confirmar hasta hoy, cuando se hayan repasado todos los expedientes.
«Nadie ha entrado en el sistema informático ni se ha producido ninguna conexión a la base de datos, ni se ha tocado la base de datos ni el servidor de los juzgados», aseguró Bendala. La vigilancia en las principales sedes judiciales de la Costa del Sol se ha establecido, según Bendala, «por si alguien piensa que a río revuelto se puede entrar en cualquier sede judicial o alguien pretende demostrar que están mal vigiladas». Sobre las peticiones de comparecencia parlamentaria de la consejera andaluza de Justicia, Carmen Hermosín, para explicar las deficiencias en los juzgados andaluces, Bendala dijo que «la consejera es la primera que está interesada en comparecer y así lo dijo el primer día».
En el caso de la sustracción de Marbella, matizó que ha sido «una actuación interna» y que por tanto es «imposible de controlar por medidas de seguridad externas», y consideró «lamentable» que se trate de implicar a la Administración autonómica. Horas antes, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, negó que el problema incumba a su Gobierno ya que, según explicó, se trata de un problema de corrupción y no de seguridad. Mientras, las asociaciones de jueces pidieron que se aumenten las medidas de seguridad en los juzgados para evitar nuevos robos.