La decisión fue anunciada por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien dijo que ambas partes disponían de un plazo de 24 horas para designar un árbitro, y que, en caso de que no haya acuerdo, será el Ministerio de Fomento quien designe al mediador. Fuentes del Ministerio de Fomento dijeron que si antes no se produce un acuerdo entre ambas partes, comunicará a las 14.00 horas de hoy quién es la persona elegida para emitir el laudo vinculante. El ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, explicó tras el Consejo de Ministros que esta medida se adoptó, entre otras razones, para «asegurar la economía nacional» y evitar un daño a un sector estratégico y al prestigio internacional de España, dado que «no quedaba una esperanza real de que se llegara a un acuerdo entre las partes».
Cabanillas añadió que el Gobierno no había intervenido hasta el momento dado que no debía intervenir en un conflicto entre los trabajadores de una compañía privada, pero que ante la situación de las negociaciones entre Iberia y el SEPLA «no quedaba una esperanza real de que se llegara a un acuerdo entre las partes, hemos debido intervenir». «Este arbitraje no evita que los pilotos puedan mantener su huelga los días anunciados, pues tienen el derecho legal a realizar sus paros mientras se negocie un acuerdo», destacó el portavoz.
Para tomar esta decisión, según Cabanillas, se ha valorado que la situación podía dificultar el normal funcionamiento de los aeropuertos, dañar la imagen internacional de España y perjudicar a diversos sectores económicos, especialmente al del turismo como actividad básica en la presente época del año, al margen del grave perjuicio que provoca en los habitantes de las islas, Balears y Canarias.
El arbitraje obligatorio dictado por el Ejecutivo para acabar con la crisis abierta entre Iberia y SEPLA es el segundo que aplica un gobierno para resolver un conflicto entre esta empresa aérea y los pilotos, ya que hubo un precedente el 19 de julio de 1984, tras 29 días de huelga de los pilotos. El ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, se mostró partidario de «tocar» la normativa legal que regula las huelgas, al considerar que aunque el derecho de huelga «es legítimo».
Los pilotos acatan el arbitraje, pero anuncian que lo
van a recurrir
Tanto Iberia como el SEPLA anunciaron que no propondrán ningún
árbitro como reclama el Gobierno. Horas después de conocerse la
noticia, el Consejo de Administración de Iberia celebró una reunión
extraordinaria en la que expresó su apoyo a la Dirección de la
compañía y respetó la decisión, mientras que el SEPLA anunció que
recurrirá la decisión del Consejo de Ministros porque va contra el
derecho de huelga.