El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, rechazó ayer que sea el «Defensor del Gobierno», como le acusó el lunes el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, sino que es un fiscal «defensor de la legalidad». Sin embargo, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, aseguró que no se ha ajustado a la legalidad en la posible imputación del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en el «caso Ercros». Cardenal rechazó que exista un contrainforme al que presentó el fiscal Bartolomé Vargas, partidario de la imputación de Piqué, sino que, cuando se va a decidir un desacuerdo entre el jefe de la Fiscalía y la mayoría de los fiscales de la Sala de lo Penal, el fiscal general debe elaborar ese informe «sobre el cual debate» la Junta de Fiscales de Sala.
Precisó que no es normal que este informe llegue a la Junta de Fiscales, sino que lo habitual es que «lo haga el fiscal jefe suyo, recogiendo las tesis de uno y otro y luego se someta a la Junta de Fiscales». El fiscal general también argumentó su decisión de no permitir que Vargas, como fiscal instructor del «caso Ercros», defienda su informe en la Junta de Fiscales de Sala que se celebrará el próximo día 10. Según dijo, a la reunión sólo pueden asistir fiscales «de primera categoría», mientras que Vargas no tiene esa categoría.
Pese a que la respuesta de Jesús Cardenal iba dirigida a las críticas que desde el Partido Socialista se están lanzando, el fiscal general también cuenta con la oposición del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. En un escrito de dos folios dirigido al propio Cardenal, le reprocha no haberse ajustado «estrictamente a la legalidad» en los trámites seguidos para resolver si la Fiscalía pide o no la imputación del ministro Piqué. Jiménez Villarejo considera que la existencia de un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General que contradice el acuerdo mayoritario de los fiscales del Supremo es motivo más que suficiente para que se diera la oportunidad al fiscal Vargas de defender su punto de vista en la Junta de Fiscales de Sala.
Jiménez Villarejo, que se suma así el apoyo a Vargas que ya mostró el jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato, asegura que si la Junta de Fiscales de Sala desautoriza un acuerdo mayoritario de fiscales del Supremo se produciría «un hecho sin precedentes en la historia reciente del Ministerio Fiscal». Por este motivo, el fiscal Anticorrupción pide la presencia de Vargas, «ya que, de lo contrario, la última palabra está concedida a un informe de autoría desconocida».