La nueva Ley General Tributaria incorporará la figura del «acta de conformidad con acuerdo», que permitirá que el contribuyente y la inspección tributaria «pacten» una regularización que supondrá la rebaja de las posibles sanciones más allá del 35 por ciento actual en el pago de las deudas. Así lo explicó en un encuentro con periodistas el director general de Tributos, Estanislao Rodríguez-Ponga, antes de intervenir en el seminario «La modernización del sistema tributario español en el bicentenario de Alejandro Mon», organizado por el Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Rodríguez-Ponga subrayó que este aspecto de la futura Ley General Tributaria, cuyo borrador será puesto en circulación dentro de dos semanas, permitirá al contribuyente y a la inspección tributaria llegar a acuerdos sobre la valoración de operaciones o la aplicación de determinadas normas. En este momento, la Ley estipula que la inspección propone una regularización al contribuyente al que reclama una deuda y éste puede aceptarla o no, pero con este nuevo tipo de actas existirá la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el contenido de dicha regularización.
Además, con el mismo fin de reducir la litigiosidad, se buscará una fórmula en los tribunales económico-administrativos para dotar de mayor agilidad a determinados conflictos en función de la cuantía y del concepto tributario. Otro de los pilares de la Ley General Tributaria, que regulará las relaciones entre Hacienda y el contribuyente, será el de asegurar los ingresos fiscales, por lo que se reforzarán los mecanismos de lucha contra el fraude y se establecerán garantías a favor de la Administración, como embargos preventivos en algunas circunstancias.
Esta Ley pretende modernizar los procedimientos tributarios, ya que sustituirá a la aprobada en 1963, cuyo cuerpo central sigue en vigor aunque con modificaciones posteriores. Así, armonizará y dará uniformidad a todo el procedimiento tributario, al incorporar, entre otros aspectos, la Ley de Derechos y Garantías del contribuyente, el pago de impuestos por internet, el procedimiento de gestión tributaria, o la verificación de datos.