Un agente de la Policía Local de San Sebastián recuperará el próximo lunes su puesto de trabajo en este cuerpo policial, tras cumplir una condena de seis años y un día de prisión mayor por colaboración con ETA, según explicaron fuentes de la Guardia Urbana. Patxi Añorga Azpiazu, quien regresará a su plaza en la sección de Tráfico de la Policía Municipal, terminó de cumplir su pena el pasado 23 de marzo, después de que fuera condenado por la Audiencia Nacional en 1994 por facilitar información a ETA que sirvió a la organización terrorista para cometer dos atentados en 1989 en Lasarte y en San Sebastián.
El regreso del ex colaborador de ETA a la Guardia Urbana es posible por un artículo de la Ley de la Función Pública Vasca que, según una resolución del ayuntamiento, contempla «el reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de puesto de trabajo» en caso de que exista una «vacante dotada presupuestariamente». Ante el malestar social creado tras conocerse la noticia, el candidato popular a lehendakari, Jaime Mayor Oreja, aseguró ayer que el PP solicitará un informe jurídico para revocar esta «disparatada» reincorporación. Además, afirmó que si este recurso no es posible, modificará la Ley de Función Pública Vasca tan pronto llegue al Parlamento vasco.
Oreja manifestó que el derecho a la ley «nunca puede ser un instrumento contra el sentido común», y consideró que, en este caso, la consecuencia de la aplicación de la normativa «nos lleva a la barbaridad, al disparate y a la posibilidad de que una persona que tenía una responsabilidad demostrada al servicio de ETA, al mismo tiempo pueda estar con uniforme defendiendo supuestamente la libertad y los derechos de los ciudadanos».
También, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, señaló que cualquier institución debe intentar que si tiene que reintegrar a una persona porque ya ha cumplido la pena, a un puesto de trabajo, esté en un puesto donde «ni de lejos» pueda hacer alguna actividad como la que hizo. Así, el PP intentará, no obstante, que el agente no pueda acceder a información «delicada y sensible» como direcciones, vehículos o itinerarios de personas amenazadas por la organización terrorista.