El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó ayer, por 10 votos a 1, inhibirse en favor del Gobierno en la aplicación del indulto al ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, y acordó mantener su competencia en la materia. La Sala decidió no aceptar el requerimiento de inhibición que le elevó el Ministerio de Justicia, por estimar que «la competencia reclamada no corresponde a la Administración sino a la Jurisdicción».
De los 11 magistrados que participaron en el Pleno, que tuvo carácter jurisdiccional, Roberto García Calvo se mostró en contra de las tesis de sus compañeros y en favor del Gobierno, por lo que anunció que emitirá un voto particular contra la decisión de la mayoría. Con esta resolución del Supremo, queda planteado formalmente el conflicto de jurisdicción entre el Gobierno y el Alto Tribunal por la aplicación del indulto a Liaño, después de que la Sala Segunda del Supremo decidiera el pasado 8 de enero rechazar la reincorporación del ex juez a la carrera judicial, en contra de lo establecido en el decreto del Gobierno.
Ahora será el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción el que resuelva la cuestión, fallando en favor del Ejecutivo o del Supremo. Dicho tribunal está presidido por el presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio, que tiene voto de calidad en caso de empate entre sus miembros. El Pleno de la Sala rechazó la petición de inhibición formulada por el Gobierno "que entendió que el Supremo se había extralimitado al modificar el alcance del decreto de indulto", al considerar que las decisiones del Ejecutivo están sometidas al control jurisdiccional para velar por su sometimiento a las leyes.