Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme realizaron ayer una primera valoración de la reforma laboral aprobada por el Gobierno en pasado viernes. En su opinión, la modificación realizada por el gabinete de Aznar supone un paso «adecuado», al prorrogar el modelo acordado por los agentes sociales en 1997, aunque ésta es insuficiente porque no profundiza en la solución de las graves carencias y disfunciones del mercado de trabajo español. Los empresarios critican la penalización de los contratos temporales, aunque ven adecuada la reforma del contrato a tiempo parcial.
Las organizaciones critican la decisión del Ejecutivo de establecer una indemnización de ocho días para los contratos temporales, ya que, en contra de lo que proponían CEOE y Cepyme, «se ha actuado indiscriminadamente sobre los contratos temporales, no sobre su abuso, sino sobre su uso, aunque éste sea legítimo, justificado y ajustado a las necesidades de la empresa o el sector de actividad».
En su opinión, las medidas del Gobierno en materia de subcontratación son preocupantes, «ya que pueden implicar que una compañía deba asumir obligaciones laborales que corresponden a la empresa subcontratada, más allá del objetivo declarado de coordinar información para la prevención de riesgos laborales».
No obstante, consideran como medidas «adecuadas» la ampliación del contrato de fomento del empleo estable "que contiene una indemnización por despido de 33 días por año trabajado" a otros colectivos, el establecimiento de mecanismos para la incorporación de las mujeres que hayan sido madres al trabajo, y la flexibilidad introducida en el contrato a tiempo parcial de carácter indefinido, ya que, a su juicio, «requería una urgente autocrítica que en esta ocasión se ha realizado». CEOE y Cepyme creen «improcedente» que se les achaque ahora que han hecho «dejación de sus responsabilidades y que no han estado a la altura de las circunstancias», tal y como críticó Aparicio.