Los Consejos de Administración de Endesa e Iberdrola se reunirán hoy por separado para analizar las condiciones impuestas por el Ejecutivo para dar luz verde a su proyecto de fusión y decidir si continúan o no adelante con la operación una vez conocidas estas limitaciones. Fuentes de la dirección de Endesa no dejaban de expresar ayer su rechazo a las duras condiciones del Gobierno para lograr la fusión y se plantean abandonar la idea.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros autorizó con condiciones la fusión entre las dos principales eléctricas españolas, que tendrán que subastar en un máximo de 14 meses los activos de los que deberán desprenderse y no podrán superar el 42 por ciento de cuota de mercado en generación (el actual tamaño de Endesa), el 48 por ciento en distribución y el 40 por ciento en comercialización. Además obliga a las dos firmas a transmitir los Costes de Transición a la Competencia (CTC´s) con las instalaciones de generación que vendan y, que en caso de aflorar plusvalías en la venta de estos activos, reduzcan los correspondientes CTC´s pendientes de cobro.
Este imperativo se deriva de la normativa sobre CTC´s, que también aprobó el Gobierno el viernes y que supone la eliminación del cobro de estos costes a través de la tarifa eléctrica y la vuelta al sistema vigente en 1997 de liquidación por diferencias, lo que deriva en la desaparición de la posibilidad de titulización de los CTC´s. El viernes, tras conocer la autorización y algunas de las limitaciones impuestas por el Ejecutivo, ambas compañías comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de guardar silencio hasta conocer los detalles del acuerdo firmado por el Consejo de Ministros.
Poco después, las dos eléctricas informaron al órgano supervisor de que habían convocado sus respectivos consejos de administración para hoy. Entre las condiciones impuestas por el Gobierno destaca también que en diez días, a contar desde el sábado, las dos eléctricas deberán presentar un Actuaciones y Desinversión de Activos, ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), que dispondrá de dos meses para aprobarlo.