El Gobierno vasco ha decidido presentar una querella contra el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, por incurrir en un posible delito de prevaricación y otro posible de calumnia, según explicó ayer la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia. Estos posibles delitos están contenidos, para el ejecutivo autónomo, en las manifestaciones que realizó Villar el pasado día 8 de junio, en las que aseguró que «nos es difícil compartir ciertos datos policiales, aunque deberíamos hacerlo, con un Gobierno que colabora con los asesinos a los que perseguimos».
Para el Ejecutivo vasco, «de esta declaración se deduce que el señor Villar reconoce que el Ministerio de Interior lleva a cabo acciones y omisiones a sabiendas de que el ordenamiento jurídico y las resoluciones que emanan de las competencias asumidas por el País Vasco en materia de Seguridad, según el Estatuto de Gernika y la Constitución, le obligan a ello». Este comportamiento entra dentro de la comisión de un presunto delito de prevaricación perseguible por la vía penal, además de constituir un flagrante incumplimiento del acuerdo estatutario, según la vicelehendakari.
El Gobierno vasco entiende que «nos hallamos ante un asunto de una gravedad extrema, ya que los responsables de garantizar la seguridad de las personas en el País Vasco son las autoridades del Gobierno vasco, a las que intencionadamente el Ministerio de Interior del Gobierno de Madrid oculta de forma interesada información sustancial para llevar a cabo su función con eficacia». El Ejecutivo vasco entiende asimismo que el delegado del Gobierno ha podido incurrir en un delito de calumnias al afirmar que este Gobierno colabora con asesinos, «lo cual es manifiestamente incierto y constituye además un delito. No es justificable desde ningún punto de vista que el señor Enrique Villar impute a un Gobierno que colabora con banda armada», agregó.