La ex secretaria de Estado de Interior Margarita Robles, encargada de poner en marcha la investigación policial en 1995 sobre el caso «Lasa-Zabala», negó ayer en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras, haber pagado cantidad alguna, de fondos reservados o de cualquier otra partida, a alguno de los testigos, en contra de lo declarado por el testigo protegido Pedro Miguélez, alias «Txofo», quien aseguró haber cobrado siete millones de pesetas de los fondos reservados de Interior por haber declarado ante el comisario De Federico.
En la sesión de ayer del juicio por el «caso Lasa-Zabala» declararon como testigos la ex secretaria de Estado de Interior Margarita Robles, el ex gobernador de Guipúzcoa José Ramón Goñi Tirapu y el director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, aunque éste último no pudo declarar por falta de tiempo.
Durante su intervención, la ex secretaria de Estado de Interior negó «rotundamente» haber pagado cantidad alguna, de fondos reservados o de cualquier otra partida, a alguno de los testigos del caso. A preguntas del abogado Jorge Argote, Robles, quien insistió en que todo lo que se iba investigando se ponía en manos del juez instructor, le recordó que en este tema «la conocía bien» porque se negó a pagarle cuando llevó al Ministerio unas minutas que según el letrado tenía pendientes. La versión de la ex ministra contrasta con la ofrecida por el testigo protegido «Txofo» quien en un vídeo grabado en el despacho de Argote reconoció haber cobrado siete millones de pesetas de los fondos reservados de Interior por haber declarado ante el comisario De Federico.
Robles confirmó que las líneas seguidas por el Ministerio relacionaron el asunto «con el entorno de Intxaurrondo» y reiteró que su intención al poner en marcha las investigaciones de «este crimen execrable» fue «llegar hasta el final caiga quien caiga», por lo que, según dijo, no «se regateó nada» ni en medios técnicos, ni económicos. Incluso, manifestó que confirmar la identidad de los cuerpos costó al Ministerio cerca de 100 millones de pesetas.