El juez del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, Maurice Kay, consideró ayer que ni Bélgica ni Amnistía Internacional, junto a otras cinco organizaciones de defensa de los derechos humanos tienen base ni capacidad para presentar una revisión judicial a la decisión preliminar de Straw de dejar en libertad a Augusto Pinochet por razones de salud.
Durante la lectura de su sentencia ha señalado, respecto a las organizaciones de los derechos humanos, que la petición de reclamaciones civiles que demandaban para las víctimas no es un asunto que deba estudiarse en un proceso de extradición de estas características. El juez ha señalado que está plenamente satisfecho, ya que considera que «el secretario de Estado (ministro del Interior) ha actuado de acuerdo a la ley, de forma justa y racional en relación al proceso de alegaciones y respecto a la no desclasificación del informe médico».
Sobre la petición belga ha explicado que este país «presentó dos peticiones de extradición, la primera el 15 de diciembre de 1998 y la segunda el 11 de noviembre de 1999». La primera incluía nueve víctimas y la segunda veinte. Según el magistrado no existe ninguna víctima después del 8 de dicembre de 1988, fecha a partir de la cual Pinochet pierde la inmunidad.
Asimismo, en referencia a la actuación de la abogada belga que señalaba que hay que tener en consideración que, en el caso de personas desaparecidas antes de esa fecha, sus familiares continúan sufriendo hasta el dia de hoy, lo que supone que las torturas psicológicas existen mas allá de 1988, el juez ha explicado que este punto no estaba incluído en la petición de extradición belga y por lo tanto no puede tenerse en cuenta.
El juez Kay no ha dejado pasar la ocasión para apuntar, tal y como lo hizo la pasada semana el representante del Ministerio del Interior, Jonathan Sumption, que «otro asunto de interés es que, aunque Bélgica haya pedido permiso para presentar una revisión judicial, España no lo ha hecho».
Ha señalado que, «aunque es verdad que el juez español (Baltasar Garzón) ha comunicado puntos similares sobre las presentes circunstancias a los de Bélgica y Amnistía Internacional, la posición de España como Estado requiriente de la extradición y expresada por el embajador de España en la carta del 17 de enero de este año» es aceptar la decisión de Straw.
El juez ha querido recordar asimismo que, «si se considera que el general Augusto Pinochet está incapacitado para enfrentarse a un juicio en España, es inevitable que se considere también que está incapacitado para afrontar un juicio en Bélgica».