La defensa del general Augusto Pinochet sostiene en la apelación presentada ayer que España no tiene jurisdicción en el caso y que todo el proceso contra el general está politizado. Los abogados del dictador solicitaron ayer al Tribunal Superior de Londres que les permita apelar el dictamen del 8 de octubre del juez Ronald Bartle, favorable a la extradición a España del ex dictador chileno por 34 cargos de tortura y uno de conspiración para la tortura.
En su petición por escrito, la defensa expuso las alegaciones por las que considera que su cliente debe ser puesto en libertad y que, por tanto, no ser extraditado a España. Estos documentos no han sido hechos públicos y sólo se conocerán si el Tribunal Superior acepta escucharlos en una audiencia judicial. Fuentes cercanas a Pinochet indicaron que sus abogados aducen en un «habeas corpus» que el proceso contra su cliente está «motivado por razones políticas», argumento que ya se reservaron durante la vista sobre la extradición, celebrada del 27 al 30 de septiembre.
En el derecho británico, el «habeas corpus» tiene una definición muy amplia y permite, entre otras cosas, que una persona apele contra su detención y su procesamiento si los considera injustos. La apelación permite una revisión completa de todo el proceso judicial, afirmó el abogado Fernando Barros, portavoz del general chileno. En el mismo sentido se pronunció el abogado Fernando Barros, portavoz del general chileno. Los argumentos adicionales que la defensa del senador vitalicio esgrimirá en esta nueva fase pretenden convencer a los jueces británicos de que «esta es una solicitud de extradición que ha sido hecha de mala fe, porque la verdadera motivación no es de justicia, ni de derechos humanos, sino política», según Barros.