La Fiscalía del Tribunal Supremo no aprecia indicios de falsedad en las liquidaciones presupuestarias que firmó el presidente de la Diputación de Guadalajara y senador del PP, Francisco Tomey, e incluso considera «razonable (y defendible» el modo en que se consignaron las cantidades en las cuentas de la Corporación, por lo que ayer solicitó el archivo del llamado 'caso Tomey'.
El propio imputado mostró su satisfacción por la decisión tras conocer la noticia, destacó haber creído siempre en la Justicia y expresó su deseo de que quede claro que se actuó conforme a la Ley y con la legalidad.
El informe pericial realizado por el director general de Coordinación con las Haciendas Locales, y las declaraciones de funcionarios que trabajaron a las órdenes del interventor de la Diputación José Villalgordo, ya fallecido, sirvieron a la Fiscalía para solicitar el archivo de las diligencias del «caso Tomey», al que se acusa de un presunto delito continuado de falsedad en documento. El fiscal fundamentó la denuncia presentada en su día contra Tomey en que, en las liquidaciones de los Presupuestos de la Diputación correspondientes al periodo 1990-95, se incluyeron como créditos pendientes de cobro, esto es, a favor de la Corporación, determinados conceptos por cuantías inexistentes, referentes a aprovechamientos forestales, intereses bancarios y participación de la Diputación en los tributos del Estado.