La izquierda pide a los alcaldes de Baleares que se planten y no se sumen a la posibilidad de construir viviendas en suelo rústico sin siquiera haber agotado previamente el suelo urbano y urbanizable de sus municipios. La norma pactada por PP y Vox quedará aprobada de forma definitiva la semana que viene, pero PSIB y Més quieren que su eficacia se limite al máximo y buscan que los ayuntamientos no se sumen a la iniciativa.
La diputada del PSIB, Mercedes Garrido, ya pidió la semana pasada públicamente a todos los alcaldes que no se sumen a esta ley «depredadora» del territorio. Garrido hizo un llamamiento a todos estos municipios para que se planten y no desarrollen a una norma que, según denunció, hará que el precio mínimo de las viviendas supere los 350.000 euros sin que ese precio incluya los impuestos y otros gastos.
«Hacemos una llamamiento a los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes para que se pongan firmes ante este abuso del PP sobre su urbanismo», insistió la diputada socialista, que reiteró que esta medida tendrá consecuencias especialmente graves en el caso de Palma. Garrido destacó que la ley es un «coladero» para que todo el suelo rústico pegado a los municipios se pueda urbanizar.
El caso de Més
Por lo que respecta a Més, su coordinador precisa que desde la formación se toman las decisiones de acuerdo con los alcaldes y que será el partido quien adopte un criterio común, que con toda seguridad será combatir los efectos de una ley con la que son extremadamente críticos y no cumplir los efectos liberalizadores en ninguna administración.
Més tiene previsto celebrar una reunión con las agrupaciones locales para explicarles con detalle el contenido de la norma y la idea es frenar el «pelotazo» en la medida de lo posible. En el caso de Més hay preocupación por esta ley, tanto por el proceso de liberalización del suelo, que se permite en todos los municipios de más de 10.000 habitantes, aunque solo se podrá urbanizar en rústico en los que superen los 20.000.
Cuando se apruebe la semana que viene en el pleno del Parlament, la posibilidad de urbanizar en rústico tendrá eficacia en los municipios de Palma, Calvià, Manacor, Marratxí, Inca, Llucmajor y Alcúdia. Inca está gobernada por el PSIB, con Virgilio Moreno en la Alcaldía, y en Manacor el alcalde es Miquel Oliver (Més), que gobierna en un pacto firmado recientemente con el PSIB. Estos son los dos ayuntamientos que podrían oponerse con claridad a la ley que se aprobará la semana que viene. El resto de municipios a los que afecta la norma, con la excepción de Palma, están gobernados por PP y Vox.
El proyecto de ley ya ha recibido el visto bueno en la comisión parlamentaria con los únicos votos de PP y Vox. Los demás partidos abandonaron la reunión al entender que se estaban vulnerando sus derechos por las modificaciones de última hora que introdujeron ‘populares’ y sus antiguos socios.
Cambios de última hora
Por esta vía de última hora se permitió que también Palma pueda urbanizar en suelo rústico sin haber agotado el urbano y el urbanizable, se autorizó el desarrollo de las Áreas de Transición aunque no estén pegadas a suelo urbano y se redujo de 350 a 100 metros el diámetro del suelo que podía urbanizarse. Todo ello aumenta las posibilidades de urbanizar en las principales municipios de Mallorca.
El apunte

Jan FerragutSi lo de aquí no fueran tan avaros explotadores y no los contratarán ,tampoco vendrían.