«No es sencillo actuar con una ley estatal que ayuda a los okupas». Es el reproche que hizo este lunes el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, al Gobierno de Pedro Sánchez en su comparecencia ante la comisión de comunidades autónomas del Senado. Todos los consejeros de comunidades gobernadas por el PP pasaron por este foro en una sesión a la que no asistió el Gobierno y que se convirtió en un cúmulo de reproches a la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. «No da soluciones y complica las respuestas de las comunidades autónomas», dijo.
Mateo criticó los ochos años «de políticas fracasadas de izquierda» y detalló que Baleares vive en una situación de emergencia habitacional con los precios de compra y alquiler más elevados, y con el agravante de que la insularidad encarece los precios de los materiales y el hecho de que sea una comunidad turística hace que se desvíe vivienda de larga temporada al alquiler vacacional.
El conseller pidió que se «desbloquee» la ley antiokupción que está congelada en el Congreso y que se transfiera a las comunidades recursos para compensar a los propietarios que no pueden recuperar sus viviendas «porque en ellas están familias vulnerables». El conseller también ha sacado pecho de las medidas que está adoptando el Govern de Marga Prohens. «Frente al humo del Gobierno, trabajamos para generar más vivienda asequible», dijo. Explicó que se ha puesto en marcha un plan de choque del que saldrán 5.000 viviendas y defendió la colaboración púbico privada para la agilizar que salga suelo para viviendas a precio asequible para residentes cinco años.
El Govern saca pecho
El conseller detalló el decreto que ley que desbloquea suelos urbanos y urbanizables y que agiliza plazos en varios municipios de las islas, con la posibilidad de construir en las áreas de transición en determinadas condiciones. «Debemos adoptar medidas extraordinarias», dijo el conseller, que defendió la necesidad de desbloquear suelo con vocación de ser construido. «Los planes se desarrollarán entre 18 y 24 meses, no es 10 años», señaló. El conseller insistió en que esta debe ser el camino y reiteró sus reproches ante la falta de colaboración del Gobierno.