El Consell de Mallorca y la plataforma Airbnb han cerrado este viernes un acuerdo de colaboración con el objetivo de reforzar el control sobre la oferta ilegal de alquiler vacacional. El pacto incluye la puesta en marcha de mecanismos que permitirán retirar de forma ágil los anuncios contrarios a la normativa vigente.
En virtud del acuerdo, Airbnb se compromete a eliminar aquellos anuncios que, a juicio de las autoridades insulares, vulneren de forma clara las regulaciones locales, como es el caso de las ofertas de alojamiento en tiendas de campaña, furgonetas o yurtas. En las últimas semanas, la plataforma ya ha retirado más de 130 anuncios señalados por el Consell, que espera cerrar en las próximas semanas el cómputo global de anuncios de alquiler ilegal en Mallorca.
El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el director general de Airbnb Marketing Services, SL, Jaime Rodríguez de Santiago, junto al conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez Díaz, y la directora insular de Turismo para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral, han sido los encargados de cerrar el acuerdo, que establece un nuevo marco de colaboración entre ambas partes.
Protocolo de notificación y eliminación
Una de las principales herramientas contempladas en el acuerdo es la implantación de un «protocolo de notificación y desactivación de anuncios» turísticos irregulares. Este mecanismo permitirá a las autoridades locales comunicar directamente a Airbnb qué publicaciones incumplen la normativa, agilizando así su retirada de la plataforma. Con ello, el Consell de Mallorca pretende reducir los tiempos de actuación y aumentar la eficacia del plan de control que ya se encuentra en marcha, centrado en incrementar el número de inspecciones y sanciones contra la oferta ilegal.
A partir del próximo 23 de junio, cualquier nuevo anuncio de alquiler de corta duración en Mallorca que se publique en Airbnb deberá incluir obligatoriamente un número de registro oficial. El sistema no permitirá la publicación de ofertas que no incluyan un código válido y reconocido por las autoridades.
Además, Airbnb implementará un sistema que solo aceptará registros con un formato preestablecido, lo que facilitará la labor de inspección y evitará fraudes. La plataforma también pondrá en marcha una campaña informativa para los anfitriones en la isla, centrada en los nuevos requisitos legales derivados del marco normativo europeo.
«El turismo debe ser compatible con la calidad de vida de los residentes, la protección del territorio y la normativa vigente. Este acuerdo con Airbnb es un paso firme en esa dirección», ha asegurado el presidente del Consell, Llorenç Galmés, tras la firma del convenio.
Por su parte, Jaime Rodríguez de Santiago ha valorado positivamente la alianza con la institución insular: «Este acuerdo es clave para implementar el nuevo marco europeo sobre alquileres de corta duración y demuestra el compromiso de Airbnb por colaborar con las autoridades locales en la transición hacia un turismo más responsable».
El convenio con el Consell de Mallorca se suma a otras iniciativas similares impulsadas por Airbnb en colaboración con el Consell Insular de Ibiza, el Gobierno de Canarias y la Región de Murcia, con el objetivo de promover un modelo turístico más sostenible en todo el territorio nacional.
Recurso desestimado
El acuerdo entre el Consell de Mallorca y Airbnb se ha cerrado un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitiera un nuevo auto en el que desestimó el recurso de reposición de Airbnb y ordenó la retirada de 5.800 anuncios en la plataforma de viviendas turísticas que se encuentran en Balears, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, y el País Vasco.
Según Consumo, estos pisos turísticos anunciados incumplen tres supuestos: la ausencia del número de licencia o registro para operar como alojamiento turísticos, la inclusión de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades y la falta de información naturaleza jurídica de los arrendadores.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quiere colaborar con las administraciones públicas para acabar con el «descontrol y la ilegalidad generalizada del alquiler turístico»
Una muestra más de que el Consell está conchabado con Airbnb y el sector del alquiler turístico demostrando que el problema de la falta de alquiler de larga duración les importa bien poco...Un poco más de masilla para tapar pequeños agujeros comsonlas tiendas de campaña,cxaravanas,trasteros,etc...pero las grietas anchas que son los pisos ilegales ni tocarlos...Los politicos no son parte de la solución, son parte del problema por que trincan de ahí...Así funciona el sistema viciado que tenemos.