El Govern ha comenzado a revisar uno a uno todos los contratos que adjudicó el anterior Ejecutivo de Francina Armengol a las empresas que aparecen en el informe de la UCO en relación con la trama de Santos Cerdán. El Govern está supervisando en qué situación se encuentran las adjudicaciones de obras a estas empresas, qué importe se pagó por ellas y qué circunstancias han rodeado estos contratos.
Los responsables del Ejecutivo han comenzado la investigación en la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción SL, que se adjudicó cuatro contratos que suman 9,6 millones de euros con el Govern de Francina Armengol. El de mayor importe es la construcción de un centro de dependientes en Son Dureta, por un valor de 9,3 millones. Se presentaron cuatro ofertas y ganó la que aparece en el informe de la UCO. La constructora se declaró en quiebra y abandonó las obras, algo que también hizo en adjudicaciones en otros puntos de la Península en unas circunstancias muy parecidas.
Los otros contratos a esta misma empresa que revisa el Govern son de SFM. Se trata de las obras del proyecto de rehabilitación del puente de sa Picardia, en el municipio de Sineu, en la línea Enllaç-Manacor, por un importe de 97.243 euros; el proyecto de rehabilitación del puente del carril, en Consell, en la línea entre Palma e Inca (108.354 euros), y el proyecto de rehabilitación del puente de sa Barranqueta, en Sineu, en la línea Enllaç -Manacor (94.383,63 euros).
Una vez que haya revisado y controlado en qué situación se encuentran estos contratos, el Govern analizará la situación del resto de adjudicaciones a empresas como Acciona, donde el volumen de la obra y los importes de los contratos son muy superiores. Esta empresa acaba de despedir a uno de sus directivos tras conocerse el demoledor informe de la UCO.
Investigación paralela
En el PP creen que la investigación paralela que está realizando la UCO, de la que informó Ultima Hora, tiene que ver, precisamente, con las adjudicaciones a estas empresas de la trama que aparecen en el sumario de Cerdán. La asociación Veritas ya solicitó en su día a la Audiencia Nacional que se incautase de todos los expedientes relativos a la adjudicación de mascarillas. En la misma petición reclamó que se investigasen los contratos con las empresas que pudieran estar relacionadas con el ‘caso Koldo’, el que dio origen a toda la investigación y que ha terminado provocando una implosión en el centro de mando del PSOE, con la caída del secretario de Organización y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán.
En el informe de la UCO que ha provocado la caída de Cerdán no aparece ninguna referencia a Baleares, a pesar de que sí se habla de adjudicaciones y contratos del Estado en otras comunidades autónomas. Sí se señala que el origen de la investigación parte del caso de las mascarillas que compraron a los investigados el Govern balear y otras administraciones.
Del caso mascarillas se pasó a una investigación sobre un fraude en el IVA de las gasolineras. En su declaración ante el juez sobre este caso, el empresario Víctor de Aldama confesó que había entregado 15.000 euros a Santos Cerdán en concepto de mordidas por la adjudicación de diversos contratos de obras en un bar situado en las inmediaciones de la sede del PSOE. Esta declaración abrió una nueva línea de investigación de la UCO dirigida a Santos Cerdán mientras en paralelo existe otra que incide en las adjudicaciones que se hicieron en Baleares y en Canarias.
Que caiga todos los corruptos y que el castigo sea ejemplar por traidores a la patria que todos compartimos. Basta ya de jueces cómplices, ni la separación de poderes se respeta ya.