El grupo ecologista Gob ha informado este martes de que el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por varias entidades contra la Ley balear de simplificación administrativa, que plantearon por considerarla «un gran retroceso para la ordenación territorial».
Entidades cívicas, medioambientales y culturales presentaron el pasado marzo el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma por legalizar construcciones ilegales en suelo rústico, con el apoyo de los partidos de la oposición PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca.
El Gob ha recordado en un comunicado que, cuando el Govern aprobó la norma, hubo numerosos «actores sociales» que la consideraron una vulneración de principios básicos de derecho y una regresión en materia de protección territorial y ambiental sin precedentes. La entidad ecologista planteó en mayo de 2024 un estudio de consideraciones jurídicas por posible inconstitucionalidad del decreto ley llamado de Simplificación administrativa, previo al proyecto de ley que consideran que «agravó algunas de sus peores determinaciones».
El recurso de inconstitucionalidad se basó en jurisprudencia de sentencias previas del Tribunal Constitucional sobre cuestiones similares a las que plantea la ley balear. Una de las causas centrales del recurso es el proceso de legalización general de edificaciones y usos irregulares en suelo rústico, que alegan que vulnera el principio de igualdad entre la ciudadanía al ofrecer «una amnistía generalizada a las infracciones urbanísticas en suelo rústico».
El Gob denuncia que hay «grandes chalés construidos de forma ilegal que podrían ver incrementado espectacularmente su valor inmobiliario», en lo que constituiría «un premio a los infractores, en detrimento de toda la gente que ha hecho bien las cosas», que es contrario al principio de igualdad ante la ley. También alegan que la figura del silencio positivo para favorecer la legalización supone una regresión ambiental y otra discriminación frente a quienes tramitaron licencias de la forma habitual y que requieren un pronunciamiento positivo explícito de la administración.
El Gob advierte de que, a la importante incertidumbre que generaron las modificaciones legislativas que introdujo esta norma en los cuerpos técnicos y jurídicos que trabajan en materia territorial, se añade ahora que se acepte a trámite el recurso de posible inconstitucionalidad.
El Gob ha acusado al Govern de Marga Prohens de haber ido «cambiando las reglas del juego para favorecer a minorías privilegiadas» por medio de decretos y haber transformado el Pacto por la Sostenibilidad en «una operación publicitaria». Las entidades que impulsaron el recurso -Gob de Mallorca, Menorca e Ibiza, la asociación Amics de la Terra, Pla de Mallorca XXI, Fundación Iniciativas del Mediterráneo, OCB, Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Col·lectiu Alternatives, CCOO y STEI-i– esperan «que su resolución permita frenar la política de desregulación territorial a golpe de decretos ley que se está convirtiendo en el modus operandi de este Govern».
Chabolas en el campo para los que no tienen casa ni dinero suficiente para pagarsela, como se ha hecho toda la vida en países tercermundistas colonizados por sus recursos. Oposición controlada, que no toquen el territorio, la gallina de los huevos de oro.