Baleares es el territorio de España que más residuos genera por habitante (511 kilos por cápita), algo que sin duda está relacionado con los 18 millones de turistas que nos visitan. También con la población flotante que se desplaza a las Islas para trabajar durante la temporada alta.
Aunque la lógica lleva a pensar que estos son los que menos conocen las normas que hay que seguir para tirar la basura en sus ciudades o pueblos donde se alojan (no olvidemos el alquiler turístico), lo cierto es que el turismo de basuras se produce todos los meses del año. También en los municipios de interior.
Llamamos turistas de basura a aquellas personas que se deshacen de sus residuos en municipios que no son los suyos, para evitar someterse a las normas de reciclaje, cada vez más estrictas. Así, unos pueblos acaban pagando por la incineración de la basura de otros y el coste no es precisamente barato: 114 euros por tonelada. Es uno de los más caros de España. La media estatal es de 67 euros.
El alza de los precios ha provocado que los municipios más rezagados en materia de reciclaje pisen el acelerador para quitar los contenedores de sus calles y es que los puntos de recogida no vigilados tienen un claro «efecto llamada». Palma, Manacor e Inca, sufren el turismo de residuos sobre todo en los días de diario, cuando reciben a la población residente de otros municipios que acude a trabajar a sus zonas o a llevar a los hijos a la escuela.
En cambio los pequeños municipios de la Serra como Escorca, Selva o Bunyola padecen esta problemática los fines de semana, cuando miles de palmesanos se desplazan a la montaña. Lo mismo les ocurre a los destinos de playa.
Cualquier novedad en el calendario y tipo de recogida de residuos que entra en vigor en un pueblo de Mallorca puede acabar provocando un efecto rebote en el de al lado. Es lo que ocurre estos días con Lloseta, localidad que acaba de implantar la bolsa roja, obligatoria para deshacerse de los residuos no reciclables, también conocidos como ‘rebuig’ o rechazo. Los vecinos tienen asignadas un número máximo de bolsas rojas al año.
El origen del fenómeno
«El boom del turismo de basuras se produjo a raíz de la implantación del sistema puerta a puerta hace ya 20 años. Cuando quitaron los contenedores de sus calles la gente tiraba la basura en el pueblo de al lado o se la llevaba a su lugar de trabajo. A medida que más municipios se suman al puerta a puerta el turismo de residuos se complica», explica Joana Cerdà, técnica de Medio Ambiente de la Mancomunitat del Raiguer.
Los vecinos de Puigpunyent fueron los primeros en sumarse al sistema en el año 2006. Su porcentaje de reciclaje se disparó hasta el 80 % en los primeros 12 meses de funcionamiento. Dos años después 28 municipios de Mallorca ofrecían ya puerta a puerta. El camino no ha sido fácil.
En el año 2017 las imágenes del Torrente de Pareis en la Calobra repleto de desperdicios dieron la vuelta al mundo. El alcalde de Escorca, Toni Solivellas, se negó a hacerse cargo de la basura que dejaban miles domingueros y turistas a su paso por este enclave, uno de los más visitados de Mallorca. La Conselleria de Medi Ambient había decidido eliminar sin consenso todos los contenedores de las áreas recreativas del Ibanat.
El Govern justificaba su retirada en el mal uso que los excursionistas hacían de las instalaciones, pero Solivellas demostró con datos que los usuarios no se llevaban la basura a su casa, como sugería Medi Ambient, sino que acababan deshaciéndose de ella en los contenedores de Lluc.
Solivellas no estaba dispuesto a repercutir el coste anual de la recogida (de 150.000 euros) solo entre sus vecinos (240 personas) de modo que contraatacó negándose a retirar durante semanas los desperdicios de dominio público de sa Calobra. Llegó a denunciar con un completo dossier fotográfico ante la Unesco la acumulación de basura en el entorno natural, declarado Patrimonio de la Humanidad.
El conflicto acabó cuando el Govern aceptó compensar económicamente a Escorca para que sus residentes no tuvieran que pagar por la basura de otros.
Palma, un punto caliente
Palma es una década después uno de los puntos calientes del turismo de basuras en la Isla. «Desde Emaya se está trabajando con intensidad para eliminar puntos de contenedores diseminados que se habían convertido en auténticos vertederos debido a las grandes cantidades de residuos que se abandonaban indebidamente», explican fuentes de la empresa municipal.
El servicio de inspección medioambiental realiza campañas de seguimiento y control y asegura haber sancionado a ciudadanos pillados in fraganti mientras dejaban residuos fuera de los contenedores. Los responsables de la empresa municipal de servicios aseguran que «ciudadanos de municipios colindantes como Puigpunyent, Esporles, Bunyola… depositan sus residuos en el punto de contenedores públicos más cercanos a su lugar de residencia».
Las cuentas tampoco les salen en los puntos verdes. «Tenemos constancia de que la cantidad de voluminosos y escombros que entran en las instalaciones es mucho más elevada que la que se recoge en otras ciudades de las mismas características, probablemente por la existencia de una importante actividad de depósito de residuos de otros municipios», añade.
Lo cierto es que cada vez más pueblos de la Part Forana se pasan al puerta a puerta y reservan este tipo de áreas solo para los residentes. Inca, por ejemplo, exige la tarjeta identificativa o el DNI con domicilio en el municipio a todas las personas que acuden a deshacerse de rechazo.
Aunque la capital del Raiguer implementa de forma progresiva el puerta a puerta en su núcleo, lo cierto es que aún mantiene los contenedores en algunas barriadas de pisos y ahí es donde se disparan los problemas.
También han aparecido vertidos incontrolados en suelo rústico, especialmente los fines de semana, aunque eso es algo de lo que pocos pueblos y ciudades de Mallorca escapan a día de hoy. «Sabemos que los vertidos en foravila aumentan los domingos. Vecinos que viven en otros municipios y vienen a pasar un fin de semana dejan la basura en cualquier sitio», explica Joana Cerdà, técnica de Medio Ambiente en la Mancomunitat del Raiguer.
En 2022 Inca inició una prueba piloto para medir el turismo de basuras en su ciudad. Levantó 71 actas por infracciones de las ordenanzas municipales en diez puntos estrechamente vigilados por la Policía Local. Hace un año el 30 % de las sanciones de residuos en Inca correspondía con lo que se conoce como turismo de basuras. Las multas oscilan entre los 300 euros en caso de infracciones leves y los 10.000 euros si son infracciones muy graves.
El sistema puerta a puerta, por el cual se recoge la bolsa de residuos en la puerta de cada domicilio siguiendo un calendario que establece qué tipo de desperdicios se pueden sacar cada día, se aplicó por primera vez en Mallorca en 2006. Hoy está extendido prácticamente a todos los municipios (en menor o mayor medida) del interior de Mallorca, pero no en los núcleos de costa más turísticos.
El uso de la bolsa roja, obligatoria para deshacerse del ‘rebuig’ o rechazo, no ha tenido la misma aceptación, ni siquiera en los pueblos de interior. El primero que la puso en marcha fue Algaida en 2010 y el último ha sido Lloseta hace apenas un mes.
Si algo tienen claro los expertos es que «quien hace turismo de basuras es quien no recicla» y que para acabar con esta práctica «todos los municipios deberían conocer y controlar muy bien su sistema». «La opción de no reciclar debería costarte mucho dinero, es algo que contempla la normativa, penalizar para que funcione», explica Joana Cerdà. Es partidaria de implantar poco a poco nuevos sistemas de control. La competencia es de los ayuntamientos. El Consell de Mallorca evita entrar en el debate.
«El turismo de residuos se produce en aquellos municipios en los que no está establecido el sistema de recogida puerta a puerta. Y en la medida que todos lo vayan implantado, esto no pasará», dice el departamento insular de Medi Ambient, Medi Rutal i Esports. «No es competencia del Consell de Mallorca establecer un control sobre este tipo de actuaciones, ya que, en todo caso deben ser los propios ayuntamientos quienes tienen que vigilar e inspeccionar este tipo de comportamientos incívicos», añade.