«Con la salud de un millón y medio de funcionarios no se juega». Esta es la advertencia que lanza Juan Nieto, portavoz de CSIF en Baleares. En este sentido, asegura que mantienen la huelga para la primera quincena de febrero, a la espera de que el Gobierno pueda encontrar una solución a la crisis de Muface.
Cabe recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ampliado el plazo, que finalizaba este próximo 27 de enero, para encontrar a una aseguradora que se haga cargo de la asistencia sanitaria de los funcionarios del Estado que han elegido esta modalidad: un millón y medio en España, de los que unos 15.000 están en Baleares. A estas cifras, hay que añadir las tarjetas sanitarias de algunos de sus familiares.
El Gobierno ha ofrecido a DKV, Asisa y Adeslas mejorar las primas. La última de estas empresas hacomunicado que «ha estado manteniendo a lo largo de esta pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública». «Fruto de estas conversaciones, podemos confirmar que se han producido avances significativos que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface».
El portavoz de CSIF en Baleares ha expresado su deseo de que al menos concurran dos empresas al concurso de Muface con la finalidad de garantizar que la cobertura sanitaria d elos empleados públicos es la adecuada.
«Importantes repercusiones en la sanidad pública balear»
La consellera de Salut, Manuela García, advierte que asumir a los funcionarios de Muface tendría «importantes repercusiones en la sanidad pública balear». En este sentido, expresa su preocupación por la repercusión que tendría en las listas de espera. «Una entrada súbita de un volumen de pacientes importante, significa mucha mayor afluencia en cada centro de salud, en cada hospital, nuevas consultas, nuevas operaciones quirúrgicas… es indudable que tendría un impacto muy significativo sobre las listas de espera».
Esta opinión es compartida por el presidente del Col·legi Oficial de Metges de Baleares, Carles Recasens. «Asumir a los 15.000 funcionarios de Muface en Baleares aumentará las listas de espera y mermará la calidad de la sanidad pública balear». No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad, ya que considera que «el sistema de salud público balear no colapsará», aunque insiste en que su calidad sí empeorará. En este sentido, argumenta que no entró en colapso en la pandemia de la COVID-19, por lo que cree que podrá asimir la cobertura de los servicios que pueden demandar los funcionarios a los que hasta ahora da cobertura sanitaria Muface. Además, añade que está acostumbrado a «oleadas cíclicas por la llegada de turistas. «El sistema sanitario de las Islas ya está tensionado, ya que tiene una gran demanda que ha ido en aumento y hay una dalta de trabajadores. Por tanto, añadir 18.000 tarjetas sanitarias lo sobretensionará aún más», expone.
Nadie está poniendo en riesgo la salud de los funcionarios, como demagógicamente dicen esos sindicatos de esta privilegiada clase de trabajadores. Si finalmente se acabase con esta historia de mantenerlos fuera de la sanidad pública, que es lo que el gobierno debería hacer, no les pasaría absolutamente nada. Lo que pasa es que estos señoritos se han malacostumbrado a disfrutar de una sanidad privada, como los ricos, y ahora no quieren ni oír hablar de integrarse en el sistema público sanitario, como estamos todos los demás.