«Es imprescindible que el Gobierno de España desbloquee ya la aprobación de la Ley Antiokupación», ha exigido este miércoles la presidenta del Govern, Marga Prohens, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras publicar Ultima Hora el asalto masivo de okupas a un apartahotel en Cala Bona.
Además, ha reiterado que el Govern balear «tomará medidas dentro de sus competencias». En este sentido, ha argumentado que «por mucho que algunos lo nieguen, o incluso pidan perdón a los delincuentes, la okupación es delito y la propiedad privada se defiende. Siempre».
Prohens ha resaltado que «los ciudadanos deben poder estar tranquilos de que nadie okupará su casa o su negocio cuando no están».
Nueva normativa
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 3 de enero la reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia, que permitirá que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, por lo que estos podrán celebrarse en unos 15 días. Además, los casos de okupación ilegal pasarán a ser considerados delitos menos graves, por lo que podrán ser tramitados por la vía rápida tras la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, estos cambios salieron adelante porque EH Bildu votó por error a una enmienda del PNV que permite acelerar estos trámites, que no se pudieron rebocar gracias a la mayoría absoluta del PP en el Senado.
Sin embargo, existe el riesgo de que esta normativa no se aplique, ya que el Gobierno y algunos de sus socios la rechazan. Para ello, el Ejecutivo de Sánchez tendría que impulsar una nueva ley orgánica para corregir la modificación, esta quedaría derogada y no entraría en vigor en España. Prohens ha exigido al líder socialista aplique lo aprobado en el Senado.
El Govern endurecerá las medidas contra la okupación
La presidenta del Govern anunció en el Debate de Política General, celebrado el pasado mes de octubre, que endurecerá las medidas para frenar la okupación de viviendas en Baleares. «Endureceremos las sanciones contra el empleo ilegal de viviendas con medidas como la consideración de la okupación como infracción muy grave. Porque la propiedad privada se defiende y la okupación se persigue». En este sentido, precisó que estas medidas estarán recogidas en la futura Ley de Vivienda que pretende aprobar, con la finalidad de «incidir en las soluciones para facilitar el acceso a la vivienda»; su intención es que esta normativa esté en vigor en el ejercicio 2025.