Unas veintena de representantes del sindicato CSIF se han concentrado la mañana de este lunes frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares para exigir una subida salarial a los funcionarios de la administración general del Estado, entre otras reclamaciones.
Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, la presidenta del sector de la administración general del CSIF en Baleares, Carmen Eugenio, quien ha reprochado que, ante la no convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas, no pueden negociar estos asuntos con el Gobierno.
Ante esa situación de estancamiento, ha añadido, proseguirán convocando manifestaciones y protestas con el fin de tratar de desencallar la situación. Al menos este lunes, ha lamentado, no han obtenido respuesta alguna por parte de la Delegación del Gobierno.
Además de manifestar sus reclamos, los manifestantes han leído el mismo manifiesto que en el resto de concentraciones convocadas este lunes tanto frente a la sede del Ministerio de Hacienda, en Madrid, como en las delegaciones y subdelegaciones del Ejecutivo en el resto del país.
En él, la organización sindical pide que se desbloquee la negociación colectiva de las mejoras de sus condiciones laborales, que afectan desde las condiciones de jubilación hasta el teletrabajo.
«CSIF considera urgente negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial (el actual caduca a final de año y ya ha provocado una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde 2022) y la oferta de empleo público para 2025, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado», han expuesto.
También han puesto de relieve el recurso de amparo presentado por el sindicato que recientemente ha admitido el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar tramitar una iniciativa legislativa popular para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa a los «recortes» impuestos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
El alto tribunal, siempre según el sindicato, considera que concurre una especial trascendencia constitucional dado que trasciende del caso concreto y puede tener consecuencias políticas generales, por lo que ha requerido a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que le remita una certificación del expediente en un plazo de 10 días.
«Estos recortes que siguen en vigor suponen que los empleados públicos en esta última década hayamos trabajado entre 13 y 18 meses gratis. Esta situación se suma a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010», han señalado.
Otro de los puntos sobre los que han incidido los manifestantes ha sido la diferencia salarial que existe entre los funcionarios de la administración general del Estado y los de las distintas Comunidades Autónomas o ayuntamientos.
Según un estudio del CSIF, los primeros cobran de media 8.000 euros anuales menos, aunque hagan el mismo trabajo. Para corregirlo, han propuesto, sería necesaria una dotación de fondos adicionales de 1.487 millones de euros a repartir entre 2025, 2026 y 2027.
Esta situación, ha advertido Eugenio, se reproduce en Baleares, una región en la que se suma la dificultad para atraer a funcionarios del Estado procedentes de otros lugares debido a la insularidad y los factores asociados a ella.